Tras la renuncia de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio Interior, molineros le piden a su sucesor Guillermo Hang que suspenda el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que busca subsidiar a la harina y abaratar el precio del pan.
De hecho, Feletti ya había entregado, días atrás, la suma de $1.400 millones a Molino Cañuelas, que según trascendió recibió el 80% de ese monto, Molinos Florencia y Molisud SA (Jacinto Arauz). Por ese pago, 3 diputados de la Coalición Cívica denunciaron penalmente al ex funcionario por supuestas irregularidades.
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En este marco, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA) pidió que se anule este fideicomiso y alertó sobre un posible derrumbe de ventas de las pymes molineras, una reducción de la actividad y la paralización de plantas. Esto se debe, sostienen, a que con la reciente instrumentación del FETA ya se generaron distorsiones en el mercado, como interrupciones en la cadena de pago.
A su vez, reiteraron que este instrumento “no cumple con el objetivo de bajar el precio del pan para los sectores más vulnerables, y genera situaciones contrarias”.
“El grupo molinero que vendió harina subsidiada (a un precio menor del mercado) produjo un fuerte desbalance y generó gran irritación, fijando además nuevas condiciones comerciales a los panaderos”, advirtió APYMIMRA, al criticar la millonaria compensación que se giró principalmente a Molinos Cañuelas.
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“Esta práctica redujo los fondos disponibles de los panaderos para el pago a molinos pymes que mantienen su modalidad de venta, con plazos a 30 días, efectivos en la entrega siguiente de harina. Los panaderos para poder comprar la harina subsidiada deben priorizar los pagos a ese proveedor y postergarlos a otras empresas”, advirtió la entidad.
En ese sentido, cuestionaron: “Solo tres molinos adhirieron al FETA para ofrecer harina subsidiada. Uno con baja incidencia en el mercado, y los otros dos, en cambio, pertenecientes al único grupo molinero que desde el inicio manifestó su adhesión al sistema y que ya cobró casi 1.300 millones de pesos a través del Fondo. Este grupo está en plena instancia de concurso de acreedores, y tiene un pasivo de 1.320 millones de dólares”.
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“Insistimos en la necesidad de reunirnos con el secretario Hang para explicarle en detalle los daños concretos que ya está produciendo el FETA y que derivarán en una crisis económica y social mayor”, enfatizó el comunicado.
Por otro lado, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, se reunió el lunes con Hang y le expresó sus reparos sobre la efectividad que tendría este fondo.
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“Pedimos explorar otras alternativas más contundentes que el actual programa, como que el subsidio vaya directamente al panadero, que se genere alguna ¨tarjeta pan” o que los fondos se destinen a los beneficiarios de la tarjeta Alimentar de las familias con menores recursos”, comentó el líder de la entidad que nuclea a un 96% de la oferta molinera.
Tras concluir el encuentro, el directivo aseguró a los medios que Hang no rechazó la idea. “Prometió que lo iba a analizar, pero que mientras tanto los fideicomisos continuarían vigentes”.
Denuncia contra Roberto Feletti
Pertenecientes a la Coalición Cívica, las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, y su par bonaerense Luciano Bugallo, denunciaron a Feletti por supuestas irregularidades con el primer pago que hizo a las empresas del sector antes de abandonar su cargo.
La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, según comunicaron los legisladores, quienes pretenden que se investigue la posible comisión de los delitos de defraudación contra la istración pública, lavado de activos y fraude al comercio y la industria.
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En la acusación, los legisladores también incluyeron a las autoridades de las firmas beneficiadas, y pidieron que se investigue a BICE Fideicomisos SA, entidad estatal que es el fiduciario del mismo.
“En virtud de múltiples noticias periodísticas y de testimonios que fueron recibidos en nuestros públicos despachos, hemos tomado conocimiento de la posible comisión de un delito de acción pública, el cual habría sido articulado desde altas esferas de la istración pública con el dictado de la Resolución2022-426 del Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Comercio Interior”, describieron los diputados en la denuncia.
Asimismo, argumentaron: “En el concurso preventivo de Molinos Cañuelas figura que el pasivo supera, en deudas, los $31.000 millones y que entre los principales acreedores se encuentra justamente el BICE. En esencia, la misma entidad financiera estatuida para istrar el Fondo Estabilizador del Trigo”.
