En un fallo que tiene un impacto significativo en la región agrícola, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe confirmó la prohibición de pulverizar con agroquímicos en un radio de 1000 metros desde la línea urbana de la localidad de Sastre.
La medida, inicialmente dictaminada por un juez de primera instancia en 2020 fue objeto de apelaciones por parte del municipio y productores locales, pero la Justicia resolvió ratificar la sentencia original.
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El veredicto estableció la prohibición absoluta de las pulverizaciones terrestres con cualquier tipo de agroquímico en la distancia especificada. El fallo, firmado por los ministros de Justicia, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Mario Luis Netri, tiene como objetivo “proteger la salud de la población y preservar el medio ambiente en la localidad”.
La decisión de la Corte Suprema de Santa Fe se produjo como resultado de un amparo colectivo ambiental que cuestionaba la constitucionalidad del artículo 9 de la ordenanza municipal 1174. La Municipalidad de Sastre interpuso un recurso contra esta declaración, considerándola arbitraria y lesiva de sus derechos constitucionales.
Las autoridades municipales sostienen que la medida es inconstitucional
La organización Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente destacó que Sastre se convierte en la primera ciudad en la provincia de Santa Fe en contar con una zona de exclusión de agroquímicos de 1000 metros. A pesar de la sentencia favorable de la Cámara de Apelaciones, las autoridades municipales continuaron argumentando que la medida era inconstitucional.
La decisión de la Justicia estableció un precedente importante para futuros fallos y decisiones legales en la región.
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En un contexto de soledad, ya que los productores no pudieron continuar su reclamo debido a la presentación fuera de los plazos establecidos, el municipio presentó un nuevo recurso extraordinario, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta medida, aún pendiente de resolución, podría llevar la causa al más alto órgano de justicia nacional. En caso de su isión, la Municipalidad tendría la opción de recurrir directamente en queja ante la Corte de la Nación.
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En las diversas impugnaciones que la Municipalidad presentó, argumentó que el fallo de primera instancia se consideraba arbitrario y perjudicial para sus derechos constitucionales. Sostuvo que se había interpretado incorrectamente el material probatorio presentado en la causa, señalando vicios de sustentación dogmática, autocontradicción y omisión en la consideración de cuestiones cruciales.
Asimismo, la Municipalidad cuestionó el mecanismo legal utilizado por los vecinos, un recurso de amparo colectivo, como medio para resolver el conflicto originado por las pulverizaciones cercanas a las viviendas. Argumentó que los demandantes no habían demostrado su relación directa o indirecta con las zonas presuntamente afectadas por las aplicaciones de fitosanitarios.
Del mismo modo, puso en tela de juicio la capacidad de la defensora general y su habilitación para representar a los amparistas en el caso. Estos puntos de disputa fueron centrales en el proceso legal que rodea esta cuestión.
