La tensión entre SanCor y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) alcanzó un respiro temporal con la publicación en el Boletín Oficial, el pasado 26 de diciembre, de la resolución 6/2023 del Ministerio de Capital Humano. La medida estableció la conciliación obligatoria de 15 días y suspendió temporalmente el conflicto que mantuvo inactivas las plantas de la láctea desde octubre.
En este contexto, la flamante ministra Sandra Pettovello respaldó la resolución con su firma, y señaló que las acciones sindicales estaban obstaculizando el normal desarrollo de la empresa. La normativa busca fomentar una solución pacífica y legal al conflicto, consideró el interés general y priorizó la paz social. Específicamente, destacó la necesidad de preservar las fuentes de trabajo, asegurar la continuidad de la empresa y su proceso productivo.
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Asimismo, con el inicio de la conciliación obligatoria, se espera retrotraer la situación a la existente antes del conflicto, dando a las partes un plazo de 15 días para buscar un acuerdo.
Sin embargo, con la entrada en vigencia del “mega DNU” a partir del 29 de diciembre, el gremio ya no podrá utilizar ciertas herramientas que había estado empleando contra la cooperativa y otras firmas lácteas, ya que en el texto oficial se considera a los bloqueos de plantas como una causal justificada de despidos.
El Ministerio de Capital Humano impuso responsabilidades tanto a la cooperativa como al gremio
Bajo la nueva disposición, el articulado de la norma estableció la intimación al gremio ATILRA para que “deje sin efecto, durante el período indicado en el artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviese implementando y/o tuviera previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.
Asimismo, la resolución impone a SanCor la obligación de “abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical”, y se le exigió que otorgue tareas en forma normal y habitual a su personal.
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En tanto, el conflicto entre las partes que se desató el 14 de octubre, provocó la paralización de todas las plantas de la cooperativa láctea. La imposibilidad de procesar la materia prima acumulada llevó al derramamiento de aproximadamente 100.000 litros de leche el 22 de octubre. A pesar de esta situación, el conflicto persistió, culminando con el cierre definitivo de la planta en San Guillermo en diciembre.
No obstante, a partir del 29 de diciembre, la entrada en vigor del DNU 70/2023 reducirá la capacidad de gremios como ATILRA para frenar procesos productivos como estrategia sindical. La modificación del artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales establece nuevas restricciones, limitando la realización de asambleas que afecten las actividades normales de la empresa o a terceros. Con este cambio, se busca evitar situaciones como las asambleas que ATILRA llevó a cabo en SanCor, que impedían la producción de productos lácteos.
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De este modo, con la implementación del DNU, se incorpora una medida que penaliza los bloqueos de empresas, como los llevados a cabo por ATILRA en varias ocasiones. En casos como el de Lácteos Vidal en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, la nueva normativa considerará como “injuria laboral grave” la participación en bloqueos o tomas de establecimientos. La penalización se aplicará cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, intimidaciones, amenazas, obstrucciones de ingreso o egreso, y daños a personas o bienes de la empresa o terceros.
Además, un tercer aspecto significativo del DNU es la eliminación del pago forzoso de “aportes solidarios” por parte de los trabajadores, incluso si no están afiliados al gremio. La normativa establece que el pago de cuotas, aportes o contribuciones a los que estén obligados los trabajadores solo será válido si existe un consentimiento explícito del empleado, autorizando dichos pagos. Esto afecta directamente al gremio de ATILRA, que ya no podrá imponer estos aportes sin el consentimiento individual de los trabajadores.
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Por último, estas nuevas medidas buscan limitar las acciones sindicales que afectan la normalidad de las empresas y proteger los derechos de los trabajadores que no adhieren a las medidas de fuerza, al tiempo que garantizan su libertad de elección respecto a los aportes sindicales.
