En el arranque del año 2024, el sector agrícola se enfrenta a un escenario marcado por el aumento en la presión tributaria. Según el Índice Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), un 65% de la renta del productor queda en manos del Estado, lo que implica un incremento de 6 puntos desde la última medición de diciembre, con la siguiente composición entre jurisdicciones: 94% nacional, 5% provinciales y el resto municipales.
En la medición del último trimestre de 2023, la presión impositiva ejercida por municipios, provincias y el Estado nacional sobre la actividad agrícola redujo el ingreso de los productores argentinos en un 59%. Aunque este porcentaje seguía siendo significativo, se observó una disminución de 17 puntos en comparación con la medición de septiembre, que marcó 76,1%.
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Este fenómeno, explicado por Nicolle Pisani Claro, economista Jefe de FADA, se atribuye a la combinación de dos factores críticos: la suba de costos y la caída de precios. En ese sentido, destacó la relación entre la renta agrícola y los impuestos, señalando que cuando el valor de la producción disminuye o los costos aumentan, la participación de los impuestos sobre la renta se incrementa, generando un mayor peso fiscal para los productores.
Esta dinámica, evidenciada en el último informe trimestral de FADA, subrayó la importancia de comprender cómo estos elementos impactan en la economía del campo.
Dentro del panorama nacional, destacaron que el 67% de los impuestos nacionales no se coparticipan a las provincias, lo que generó un debate sobre el federalismo fiscal en el ámbito agrícola. Natalia Ariño, también economista de FADA, resaltó la necesidad de repensar este esquema tributario para garantizar una distribución equitativa de los recursos en las regiones productivas del país.
Al analizar el panorama provincial, se evidencia un variado espectro de presión tributaria
En este contexto, provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis enfrentan niveles que oscilan entre el 59,9% y el 65,4%. Estos números, calculados a partir de los rendimientos, los impuestos provinciales y locales, así como los costos de fletes, delinean un escenario heterogéneo en el que cada región enfrenta desafíos específicos.
Sin embargo, uno de los puntos más preocupantes es el aumento “exorbitante en impuestos como el inmobiliario rural”. En algunas provincias, estos incrementos alcanzan promedios de entre un 180% y un 250%, generando incertidumbre y malestar en el sector agropecuario.
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Además, Ariño señaló que los fletes experimentaron un incremento del 42% en pesos desde diciembre de 2023, mientras que las labores de siembra y cosecha subieron un 59% y un 132%, respectivamente. Estos incrementos se traducen en una presión adicional para los productores, especialmente cuando se considera que los costos dolarizados representan “un porcentaje considerable en la estructura de gastos”.
Asimismo, el análisis detallado de los costos reveló que una parte significativa de los mismos está dolarizada, lo que agrega complejidad al panorama económico del sector agrícola. En el caso de la soja, por ejemplo, el 49% de los costos de una hectárea están expresados en dólares, mientras que para el maíz este porcentaje asciende al 53%. Este fenómeno, combinado con el aumento en los precios de los insumos, plantea un desafío constante para mantener la competitividad del sector frente a los vaivenes del mercado internacional y local, explicaron.
La caída de precios en los principales cultivos agrícolas ejerció una presión adicional sobre la rentabilidad del sector
Por otro lado, según datos del informe de FADA, la participación del Estado en la renta agrícola varía según el cultivo, siendo más notable en el trigo con un 83,9%. Esta situación se agrava con el incremento en los costos de producción y las actualizaciones de impuestos provinciales y municipales. A pesar de la recuperación de la sequía y el aumento en los niveles de producción, la reducción en el valor bruto de la producción debido a la caída de precios presenta un obstáculo significativo para mantener la rentabilidad en el campo, destacaron.
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Ante este panorama, los actores del sector agrícola comienzan a ajustar sus estrategias de cara a la próxima campaña fina. La mayor caída de precios en el trigo, que coincide con la mayor participación del Estado en la renta en marzo de 2024, subraya la urgencia de medidas que garanticen la sostenibilidad económica de los productores, señalaron.
“Con los precios a la baja y los costos en alza, los números comienzan a ajustarse, planteando desafíos adicionales en un contexto de incertidumbre económica tanto a nivel nacional como internacional”, concluyeron.
