Las 4 cadenas de cultivos, conformadas por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Asociación Argentina de Girasol (Asagir), Asociación Argentina del Maíz y Sorgo (Maizar) y la Asociación de Productores de Trigo de Argentina (ArgenTrigo), sostuvieron una reunión crucial con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, para discutir el futuro de la Terminal portuaria de Quequén.
La concesión de esta importante infraestructura portuaria vence en noviembre próximo, y la conversación se centró en garantizar su buen funcionamiento y la futura licitación.
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En el comunicado, Rodolfo L. Rossi (Acsoja), Martín Biscaisaque (ArgenTrigo), Juan Martín Salas Oyarzun (Asagir) y Federico Zerboni (Maizar) señalaron que conversaron sobre por el futuro de la Terminal Quequén.
Durante el encuentro, Rodríguez y otros funcionarios provinciales destacaron su compromiso con la optimización del puerto.
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Expresaron que “el objetivo es licitar la terminal a la mayor brevedad posible, con un enfoque en aumentar la competitividad, reducir los costos de elevación y realizar inversiones que mejoren la operatividad”.
También subrayaron que la provincia busca evitar posiciones monopólicas y precios arbitrarios una vez que se complete el proceso de concesión.
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El ministro Rodríguez aseguró que la provincia no intervendrá en el comercio de granos y que están trabajando en mecanismos para asegurar la continuidad operativa de la terminal hasta que finalice el proceso licitatorio.
La Terminal Quequén, el puerto de aguas más profundas de Argentina, maneja entre 7 y 8 millones de toneladas de granos anuales, lo que subraya la importancia de su eficiente funcionamiento para las cadenas agroindustriales del país, señalaron.
La controversia con el gobernador Axel Kicillof
La polémica estalló cuando las sociedades rurales del sudeste bonaerense acusaron al gobernador Axel Kicillof de intentar imponer una “Junta Provincial de Granos” mediante su intervención en el Puerto Quequén.
La controversia se centró en el vencimiento inminente de la concesión del principal elevador de granos, con los nuevos pliegos aún sin confeccionar.
En este contexto, el gobierno provincial habría mostrado interés en una participación activa en las operaciones del puerto, lo que generó una fuerte reacción en el sector agroindustrial.
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La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) y la mesa de enlace bonaerense criticaron duramente la posible intervención provincial, argumentaron que podría afectar la libre competencia y las operaciones del puerto.
Kicillof, por su parte, descalificó las acusaciones, calificando las críticas de los ruralistas como intentos de “agitar fantasmas” para desviar la atención de otros problemas.
