El escenario económico global enfrenta a los productores agrícolas con un panorama complicado: precios de los commodities a la baja, costos de producción elevados y márgenes que no alcanzan a cubrir las inversiones.
Sin embargo, el impacto de esta situación en los agricultores varía dependiendo del lugar donde se encuentren y, especialmente, del trato que reciban de sus gobiernos.
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Los agricultores estadounidenses recibieron un alivio significativo con la firma por parte del presidente Joe Biden de un proyecto de ley que destina US$10.000 millones en pagos directos para mitigar la baja de precios.
La legislación estadounidense ofrece hasta US$250.000 a los agricultores de granos finos y gruesos, con un sistema que se activa dentro de los 90 días posteriores a su promulgación.
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Según estimaciones, los pagos incluyen hasta US$47,5 por hectárea para el trigo, 107 para el maíz y 70 para la soja.
Esta suma se complementa con más de US$20.000 millones en asistencia por desastres naturales, lo que representa un importante apoyo para muchos agricultores en un contexto de pérdidas.
“Los agricultores y ganaderos merecen algo mejor”
A pesar de este respaldo, surgen voces disonantes desde las organizaciones agrícolas, como la Unión Nacional de Productores, que reclaman que los agricultores merecen una asistencia más robusta, especialmente con la inminente reforma del proyecto de ley agrícola prevista para principios de 2025.
Para muchos, los pagos de asistencia no son suficientes frente a los grandes retos que enfrenta la agricultura a nivel global.
Al mismo tiempo, desde la American Farm Bureau Federation (AFBF), se destacó que la ley ofrece un respiro para los legisladores y los agricultores, mientras se trabaja en una herramienta más moderna para la gestión de riesgos en el sector.
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Según el proyecto de ley, los establecimientos pueden calificar para recibir ayuda si el ingreso bruto de un producto elegible es inferior al costo de producción esperado, con pagos que podrán alcanzar hasta US$125.000 para aquellos cuya actividad agrícola represente menos del 75% de sus ingresos, y hasta US$250.000 si superan ese umbral.
La medida surge tras las intensas presiones de los grupos agrícolas, que habían solicitado una intervención del Congreso para brindar certidumbre frente a una economía agrícola en declive.
La legislación aprobada se considera un respiro necesario para los productores, especialmente en un contexto económico difícil, donde la escasez de ganado y los precios bajos de los cultivos provocaron una significativa presión en los márgenes de los agricultores.
Los grupos gremiales exigieron esta extensión para mitigar los efectos de la crisis
En este contexto, se destacó que los pagos ayudarán a mantener la liquidez de los productores, que enfrentan un entorno crediticio cada vez más restrictivo, ya que muchos bancos endurecieron sus políticas hacia el sector agropecuario.
El presidente de la comisión de Agricultura del Senado, Glenn Thompson, se mostró optimista respecto a la aprobación de un nuevo proyecto de ley agrícola para el próximo año, el cual se enfocará en la necesidad de alinear la red de seguridad agrícola con las realidades actuales de los productores.
Mientras tanto, desde el sector agrícola se insistió en que este tipo de asistencia económica no debe verse como un gasto, sino como una inversión vital para asegurar la seguridad alimentaria del país en el futuro.
Los productores argumentan que la medida contribuirá a fortalecer el sector agrícola, clave para la economía estadounidense.
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A pesar de los beneficios que trae la medida, no todos en el sector quedaron conformes con el proyecto de ley.
La eliminación de la autorización para la venta de etanol E15 durante todo el año, en medio de críticas del expresidente Donald Trump, generó descontento dentro del gremio, dado que cualquier medida relacionada con biocombustibles es fundamental para los productores de cultivos.
De cara a los próximos desafíos legislativos, se destaca la relevancia de contar con una fuerte representación gremial que logre incidir en las decisiones del Parlamento en favor del sector agropecuario.
