La posible modificación de la Ordenanza N° 5133/15, que regula la aplicación de fitosanitarios en el partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires, volvió a encender el debate en el norte bonaerense.
La norma, vigente desde 2015, impone una franja de exclusión de 300 metros alrededor de los centros urbanos, lo que afecta directamente a unas 6000 hectáreas, según estimaciones de productores.
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Según estimaciones del productor Carlos García, la aplicación de esta ordenanza afecta a unas 6000 hectáreas que ya no pueden destinarse a cultivos como maíz o soja.
“Con la zona de exclusión de 300 metros, muchos productores no podemos trabajar en nuestras tierras más cercanas a los pueblos”, explicó. Con base en un rinde promedio de 35 quintales por hectárea y un valor de $31.500 por quintal, el impacto económico sería de $6615 millones, lo que refleja una pérdida de más de 210.000 quintales de producción, calculó García.
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Desde su sanción, la norma fue cuestionada por referentes del campo que piden una actualización basada en evidencia técnica. “Si se flexibilizara esta distancia, podríamos recuperar parte de las hectáreas afectadas y volver a producir a pleno”, agregó García, al tiempo que advirtió que esta situación no solo golpea a los productores, sino que compromete el movimiento económico de toda la región.
“Son tierras que hoy no se pueden trabajar”
Carlos García, uno de los referentes rurales de la zona, advirtió que la normativa tiene un alto impacto económico. “Son tierras que hoy no se pueden trabajar, y eso genera pérdidas millonarias para toda la comunidad”, señaló, y pidió revisar la legislación con criterios técnicos y ambientales.
Mientras continúa el debate, un nuevo proyecto busca incorporar tecnología al corazón de la producción local. El médico y concejal Juan Manuel Desposito presentó una iniciativa en el Concejo Deliberante para autorizar y regular el uso de drones en aplicaciones fitosanitarias. La propuesta apunta a combinar eficiencia con seguridad y criterios ambientales.
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El texto establece que los operadores deberán contar con habilitación municipal, cumplir con la normativa nacional y presentar un plan de trabajo detallado que incluya productos, zonas de aplicación y protocolos de seguridad. Además, se prohíbe el uso de drones en condiciones climáticas adversas o cerca de áreas sensibles como zonas urbanas, cuerpos de agua o escuelas, con sanciones previstas ante incumplimientos.
El proyecto destaca que esta tecnología emergente permite mayor precisión, reduce el uso de insumos y minimiza el impacto ambiental frente a métodos tradicionales como la fumigación aérea. “Queremos aprovechar la tecnología para impulsar el campo, pero con reglas claras que protejan a nuestros vecinos y al entorno”, explicó Desposito.
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Un punto destacado es el enfoque educativo: propone articular con instituciones locales para desarrollar programas de capacitación en el uso responsable de drones, dirigidos a productores, técnicos y jóvenes vinculados al agro. De avanzar, Ramallo podría convertirse en uno de los primeros municipios bonaerenses en contar con una regulación específica para esta herramienta clave en la agricultura de precisión.
Finalmente, si se modifica la ordenanza vigente y la zona de exclusión para aplicaciones de fitosanitarios se reduce de 300 a 100 metros, los productores podrían recuperar alrededor de 4000 hectáreas hoy improductivas. Con un rendimiento promedio de 35 quintales por hectárea y un valor de $31.500 por quintal, la superficie recuperada representaría un ingreso potencial de $4410 millones para el sector, según cálculos elaborados por referentes locales. La medida permitiría avanzar hacia una mayor eficiencia sin dejar de lado las buenas prácticas agrícolas.
