La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó que este jueves se presentará la segmentación de tarifas. Estimó que un 10% de la población dejará de recibir los subsidios estatales.
Según detalló, el Gobierno decidió que pagarán la tarifa plena aquellos grupos familiares que:
- Tengan ingresos mensuales netos equivalentes a más de 3,5 canastas básicas de las que mide Indec. El último dato, correspondiente a abril, fijó ese valor en $95.260. Por lo tanto, dejarían de percibir los subsidios aquellas familias con ingresos de $333.410 mensuales.
- Quienes tengan tres o más inmuebles.
- Aquellos que posean tres o más autos con una antigüedad menor a cinco años.
- Los dueños de embarcaciones de lujo o aeronaves.
- Los titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.
Además de ese 10% de la población que dejará de recibir subsidios, la segmentación incluye otros dos grupos: los titulares de la tarifa social y el sector intermedio. Cerruti aclaró que ninguno de ellos recibirá nuevas subas de tarifas en lo que resta del año, más allá de las que se pusieron en marcha este mes (entre 20% y 23%). Quienes dejen de recibir el subsidio, en tanto, verán en sus boletas un aumento prorrateado bimestralmente a lo largo del año.
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“Habrá un registro y todo el mundo tendrá que anotarse para recibir el subsidio. Es un cambio de concepto en el sentido de que el Estado no va a subsidiar la oferta de energía sino la demanda, de quienes requieran el subsidio”, detalló Cerruti.
Quiénes seguirán recibiendo subsidios estatales
La portavoz presidencial indicó que aquellos sectores vulnerables tendrán el subsidio “casi por default” ya que “tienen ingresos bajos o ya están alcanzados por alguna de las políticas sociales del Gobierno” y ya están registrados como tales ante la Anses u otros organismo. Además, reiteró que los futuros aumentos de tarifas a este sector no podrán superar el 40% de la variación salarial.
“El sector intermedio no podrá tener un aumento mayor al 80% del incremento del coeficiente de variación salarial”, resaltó Cerruti. En caso de inconsistencias como, por ejemplo, los inquilinos que no son titulares de los servicios públicos pero sí los efectivos s que abonan el servicio a nombre del propietario (que podría calificar para que le quiten el subsidio), se realizó un reempadronamiento de titulares hace algunos meses. De todos modos, la portavoz presidencial indicó que habrá instancias de “apelación o consulta” ante el Estado.
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“Claramente está definido que el Estado no tiene que poner los recursos en aquellos que no necesitan el subsidio porque tienen capacidad económica, propiedades y llevan un nivel de vida en el que pagan otra cantidad de servicios con tarifa plena”, resumió Cerruti.
