El Gobierno finalmente prorrogó el Presupuesto de este año para el 2024 a través del decreto 88, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y que ya entró en vigencia.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó firme un presupuesto elaborado por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y aprobado por las dos cámaras. Ese presupuesto prevé un déficit 1,9% y una inflación del 60%, pese a los ajustes en tarifas de electricidad y transporte.
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Una de las aclaraciones que establece el decreto 88 que el Ejecutivo tendrá discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, dado que el artículo 2 le delega al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la posibilidad de “adecuar oportunamente” las partidas según el contexto.
Si bien el presupuesto prorrogado es para el manejo del Estado desde el 1 de enero de 2024, “el presente decreto comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial”.
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El presupuesto que ahora prorrogó Milei fue elaborado por Sergio Massa a fines de 2022 y aprobado por ambas Cámaras legislativas. Contemplaba un 1,9% de déficit fiscal, pese al recorte de subsidios a las tarifas de electricidad y transporte, entre otros.
También se prevé una inflación del 60%, algo que parece difícil de cumplir dada la inflación que pronostica el propio Gobierno, las consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.
En su momento, la ley de Presupuesto 2023 fue aprobada sin el apoyo de Juntos por el Cambio en el Senado, pero con algunos votos a favor en la Cámara de Diputados. Por aquel entonces, el hoy Presidente lo rechazó enfáticamente.
“Por todas las inconsistencias, los problemas morales y la montaña de aberraciones que dicen, nosotros vamos a rechazar este mamarracho nefasto”, había subrayado el actual mandatario, quien votó en contra junto a la Vicepresidenta Victoria Villarruel.
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Una de las principales medidas que cuestionaba la oposición hacia fines de 2022 era la suba de impuestos de tres puntos porcentuales, hasta el 9,5%, para los productos electrónicos producidos en Tierra del Fuego, mientras que para los importados la suba se elevaba del 17% al 19%.
El Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego, que cuenta con un régimen tributario más favorable que el resto del país, no fue alcanzado por el DNU 70 de Milei y, según afirmó el propio presidente, no contempla ninguna modificación al AAE.
El presupuesto que regirá en 2024 también contemplaba un aumento de tributos a través de tasas para los pasajes de avión para que tengan como destino la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la exención del Impuesto a las Ganancias a los viáticos que cobran los camioneros.
Uno de los puntos más controvertidos, que despertó incluso voces disidentes al interior del exoficialismo, fue el ajuste en Educación. El presupuesto establece una poda de un quinto de las becas del programa Progresar y una quita de una décima parte de la financiación a las universidades nacionales.
