Finalmente, Javier Milei envió este miércoles el proyecto de Ley Ómnibus al Congreso que tiene por objetivo reformar profundamente el Estado. “El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral. Son el complemento del DNU de la semana pasada”, había explicado esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sin embargo, el Gobierno no incluyó la reforma del impuesto a las Ganancias.
En ese sentido, Milei buscará negociar aparte la restitución de Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría con los gobernadores, que mantenían una opinión muy dividida al respecto.
Leé también: El proyecto de Milei para reformar el sistema electoral: eliminar la lista sábana e ir hacia un modelo inglés
Hace una semana, la liga de ocho gobernadores peronistas firmaron un comunicado en el que afirmaron que “la reversión del impuesto a las Ganancias no sería el camino adecuado, ya que afecta derechos de los trabajadores”.
En tanto, otro grupo de mandatarios sí estarían más a favor de retrotraer los cambios de Ganancias, ya que reclaman la devolución del dinero que perdieron de la coparticipación a manos de la istración anterior. Sin embargo, no están dispuestos a dar su aval público.
Qué dice la Ley Ómnibus
“Esta crisis es el producto de haber abandonado el modelo de la Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de Democracia Social y Economía Planificada que no solamente ha fracasado en nuestro país, sino en todos los países en donde se ha implementado a lo largo de la Historia”, señala el documento en sus primeros párrafos.
Leé también: De Aerolíneas al Banco Nación: cuáles son las 41 empresas del Estado que Milei intentará privatizar
Y agrega: “Para dar una solución efectiva a la crisis actual, el Congreso de la Nación Argentina debe adoptar un conjunto de medidas de emergencia para restituir la Democracia Liberal y la Economía de Mercado y avanzar en la Reforma del Estado con el objeto de consolidar la estabilidad económica, garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos y mejorar la asignación de recursos en la economía nacional para, como dice nuestra Constitución Nacional, asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes del suelo argentino”.
En la misma línea, el proyecto remarcar que “sin una respuesta inmediata, integral y contundente por parte del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación el país corre un serio riesgo de colapso económico y desintegración total del tejido social, por lo que se impone la necesidad de actuar con urgencia y eliminar, mediante una norma de sanción única y aplicación simultánea, las regulaciones que restringen la libertad de los argentinos, impiden la libre circulación de bienes y servicios y distorsionan el normal funcionamiento de los mercados”.
“Se propone que el Congreso haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, istrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de ello se delegan facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias, con el plazo y las bases pertinentes, para que este, con su estructura istrativa y su especialidad técnica -y con la celeridad del caso dicte y aplique la normativa que la emergencia requiere”, establece la normativa.
Leé también: El Gobierno busca suspender la movilidad jubilatoria y los aumentos podrían definirse por decreto
Asimismo, añade: “Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”.
