La pelea entre el Gobierno nacional y las provincias, lejos de terminar, escala cada vez más. Después del fracaso de la Ley Ómnibus y de forma inesperada, el Ejecutivo decidió eliminar el llamado Fondo Compensador del Interior y dejó en manos de los mandatarios la decisión de subsidiar o no las tarifas al transporte.
El Fondo Compensador fue conformado con el objetivo de subsidiar al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional a empresas prestatarias del servicio público de transporte “para que las tarifas sean provistas a un costo inferior y cubrir los costos de funcionamiento y mantenimiento”.
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Según cifras de la secretaría de Transporte, en 2023 se entregaron $102.000 millones por esa vía, que en términos del PBI son 0,26%, de los cuales 0,20 puntos fueron subsidios dirigidos al AMBA y 0,06 puntos al interior, estimó Rafael Skiadaressis, economista especializado en transporte.
De acuerdo a los números del presupuesto presentado para 2024, el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País representaba $117.000 millones. Ese importe comprendía tanto la atención del atributo social federal como el reintegro de comisiones de la SUBE.
Pero ahora, el Ejecutivo decidió suprimir ese fondo y sumó más presión para las cuentas de las provincias. El Gobierno justificó la decisión en que está “cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión” de disminuir las asistencias sobre la oferta -en este caso, las empresas- y concentrar las asistencias sobre los s de forma directa. Es decir, que se seguirá asistiendo a las personas a través de la tarjeta SUBE con un descuento del 55% de la tarifa del boleto.
“Son las provincias las que tienen potestad de fijar el costo del boleto a partir de ahora”, argumentaron en despachos oficiales. Sin embargo, la determinación generará mayores complicaciones para las cuentas locales, que ahora deberán definir entre aumentar las tarifas al transporte público o entregar más subsidios por su cuenta.
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“Va a generar más presión sobre finanzas de municipios y provincias. O ajustan tarifa o tienen que incrementar la asistencia que ya otorgan al servicio”, resumió Skiadaressis.
Según sus estimaciones, además, el aporte de Nación es entre un 20% o 30% de los subsidios que reciben las empresas del interior según cada caso, por lo que el Ejecutivo nacional ahora puso a los gobiernos locales en la encrucijada de encontrar las vías de financiamiento para cubrir ese bache que quedó acéfalo o bien liberar las tarifas y sumar más presión a los bolsillos de los s.
Qué pasará con las tarifas de transporte en el AMBA
Distinta es la situación en el AMBA, donde esta semana se confirmó un nuevo aumento que llevó a las tarifas de colectivos a un boleto mínimo de $270 y de $130 para los trenes. Allí, el recorte del Fondo Compensador al interior no representa cambios en los cuadros tarifarios, ya que se requiere previamente del llamado a una audiencia pública que, aunque no es vinculado, presenta el debate para readecuar los costos. Esa instancia, en principio, se espera para abril.
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“Esta decisión no implica un impacto en lo inmediato en el AMBA. La tarifa sigue vigente y debería llamarse a una nueva audiencia pública. Por ahora, el ajuste es bimestral y no debería un aumento hasta abril a menos que se llame a una audiencia”, explicó Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Transporte.
En la secretaría de Transporte que conduce Franco Moggeta -cercano al gobernador cordobés- sostuvieron en relación con los costos tarifarios del AMBA que decidieron “terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de jurisdicción nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar”.
