El Gobierno refuerza su plan de ajuste del Estado y achicará la estructura de la istración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para reducir costos. Fuentes oficiales confirmaron a TN que se unificarán las actividades de control operativo en la materia tributaria y previsional en el ámbito metropolitano.
La fiscalización de los recursos de la seguridad social en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires pasará desde la Dirección General de la Seguridad Social (DGRSS) a estar bajo la órbita de la Dirección General Impositiva (DGI). A su vez, había una reducción de 44 cargos de jefatura superior. La disposición será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial.
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Con esta unificación, habrá una reducción de estructura, pero no de personal “con la finalidad de modernizar los controles de fiscalización en miras a la moratoria y blanqueo”. De acuerdo a lo que precisaron, se eliminarán los cargos de tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otras jefaturas. En tanto, las 700 personas que trabajaban hasta ahora en la Dirección General de Recursos de Seguridad Social serán reasignadas en la DGI.
“De esta manera, la fiscalización de la recaudación de impuestos y de los recursos de la seguridad social queda unificada en un solo organismo, con un mejor aprovechamiento de la información y de los recursos humanos y tecnológicos. Se corta, asimismo, un sistema que favorece la duplicidad innecesaria de funciones que sólo posibilita su cobertura con criterios políticos y no técnicos”, explicaron desde el organismo.
En esa línea, señalaron que esta decisión replica lo que se está implementando en el resto del país y enfatizaron: “Las modificaciones en la estructura también aseguran la aplicación uniforme de criterios y mejores prácticas operativas, circunstancia que resultará de utilidad en el proceso de exteriorización de activos y de deudas, próximo a implementarse”.
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Asimismo, aclararon cuáles serán las tareas en las que se enfocará la Dirección General de los Recursos de Seguridad Social: “Permanecerán la distribución de los fondos con destino a los subsistemas de seguridad social, el o con las instituciones públicas y privadas en materia de seguridad social, así como la investigación y denuncia en caso de trata de personas”.
“Esto refuerza las acciones de gobierno en cuanto a la desburocratización y modernización, con el objetivo de brindar un servicio de alta calidad a todos los ciudadanos”, cerraron.
