Luego de la decisión del gobierno de Javier Milei de bajar aranceles e impuestos internos a celulares y otros productos electrónicos importados, sindicatos de Tierra del Fuego encabezan una huelga general por 24 horas. Desde hace una semana, trabajadores de las plantas de producción frenan la actividad por tiempo indeterminado. En un acto central, hoy le pidieron a la CGT que convoque a un paro nacional.
La medida del Gobierno fue publicada este martes en el Boletín Oficial. Según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), desde el miércoles 14 están afectadas las fábricas de Río Grande y Ushuaia de Newsan, Mirgor, Solnik, Radio Victoria, BGH y de Midea Carrier.
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Pasadas las 12, los gremialistas de distintos sectores se concentraron en inmediaciones de Mirgor. Allí, además, se leyó un documento en conjunto. “Al Gobierno no le interesa bajar los precios de los celulares, es un ataque a la industria fueguina”, criticaron.
Además, cuestionaron las duras críticas que recibieron: “Dicen que acá defendemos privilegios y curros: los trabajadores no tenemos privilegios ni curros, defendemos la clase obrera y la tierra”.
En el mismo sentido, le pidieron a la central obrera que convoque a una medida de fuerza general. “Es importante y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para ser escuchados por todos los dirigentes nacionales. Que salga un llamado de la CGT para que se haga un paro nacional en defensa de los compañeros de Tierra del Fuego”, pidieron.
De igual manera le solicitaron al gobierno local que acompañen la lucha de los trabajadores para que el Presidente los escuche y aseguraron: “Por más cartas que escriban los empresarios, no volveremos a las fábricas hasta que no tengamos garantizada la continuidad laboral de la totalidad de los trabajadores efectivos y contratados”.
Este martes, el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, informó que decidió convocar a los representantes de los trabajadores del sector industrial y a los empresarios de Tierra del Fuego para el jueves 22. “Con el objetivo de avanzar en la firma de un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y proteja a nuestra industria”, argumentó.
“Defender el empleo fueguino es defender el arraigo, la soberanía y el modelo de desarrollo que nuestra provincia viene construyendo desde hace décadas. No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante medidas que ponen en riesgo la producción y la dignidad de nuestra gente”, agregó a través de un comunicado en redes sociales.
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En el mismo sentido, insistió en que “la industria no es un privilegio”, sino “un derecho conquistado que sostiene a miles de familias”. “Cada puesto de trabajo que se pierde es un fueguino o fueguina que ve amenazado su presente y su futuro. Nuestro compromiso es claro: cuidar el trabajo, sostener la producción y defender con firmeza el proyecto de provincia que queremos”, completó.
Desde la UOM, plantearon que con las medidas tomadas por el gobierno nacional, se perderán cerca de 6000 puestos de trabajo. A excepción de Petroleros, que está bajo conciliación obligatoria, confirmaron la adhesión al paro ATE, ATSA, Asimra, La Bancaria, Judiciales, Remises, Colectivos, entre otros.
En 2024, la producción provincial se enfocó en celulares, con más de 5,5 millones de unidades. En números, superaron al volumen de 2 millones de televisores y 1 millón de aires acondicionados. Allí, Newsan y Mirgor concentran más del 87% del negocio.
Tras las medidas del gobierno nacional, en la industria consideran que las medidas benefician a equipos importados, ya que la reducción impositiva será mayor para la mercadería extranjera y dejará a las compañías locales –sostienen– en desventaja para competir.
En ese sentido, el gobernador Melella aseguró que se pone en riesgo la actividad productiva y miles de empleos en la isla. Y aclaró que el compromiso es “contener a los trabajadores”.
En la misma línea, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, apuntó que buscan “desmantelar” el régimen. “El arancel, absolutamente moderado y racional del 16% que protege a la industria, desaparece y miles de empleos están en riesgo”, expresó.
A sus dichos se plegaron legisladores, como la senadora nacional Cristina López, que denunció que las medidas representan “un golpe mortal contra la industria” y que “responden más a las exigencias del FMI que a las necesidades del pueblo”.
