El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y la República (FADD) amplió la denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro, que había presentado en 2023 por delitos de lesa humanidad. En esta ampliación, se incluyó el incumplimiento de los tratados internacionales sobre el asilo político.
La denuncia, presentada por el abogado Tomás Farini Duggan como representante del FADD, fue radicada en respuesta al asedio contra los dirigentes políticos que están refugiados en la Embajada argentina en Caracas desde el 20 de marzo.
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El documento hace referencia “a los gravísimos hechos mediante los cuales se priva de la libertad y se amenaza la vida y seguridad de Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González”. Estos son los cinco colaboradores de la líder María Corina Machado que aún están asilados en la sede diplomática custodiada por Brasil. El sexto dirigente, Fernando Martínez Mottola, dejó voluntariamente la embajada el 20 de diciembre y presuntamente está cumpliendo prisión domiciliaria.
La denuncia de 2023 está respaldada por los crímenes expuestos en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), Human Right Watch, Foro Penal y otras ONG. Las violaciones a los derechos humanos documentadas incluyen “persecuciones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas”, señaladas por la FADD como “actos de terrorismo de Estado que ponen en concreto riesgo la vida e integridad física de cualquier persona que sea percibida por el régimen como opositora”.
En tanto, la ampliación de la denuncia suma la violación de los tratados internacionales en referencia al asilo político y a los correspondientes salvoconductos para los asilados en la Embajada argentina en Caracas.
“El Gobierno de Venezuela se ha negado a otorgar salvoconductos a los asilados para que puedan viajar a nuestro país. Las fuerzas de seguridad del régimen han rodeado la embajada; han violado el espacio aéreo de la representación Argentina mediante el empleo de naves no tripuladas; cortan los servicios de agua y luz; no permiten el a los empleados de la embajada ni siquiera para entregar comida o agua potable a los asilados y, en el último tiempo, han instalado francotiradores en los perímetros que rodean el inmueble, lo que es una clara exposición por parte del estado Venezolano de que la vida de los refugiados se encuentra seriamente amenazada”, señala el documento.
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Los hechos señalados, explicó el abogado, transgreden la Convención sobre Asilo Diplomático suscrita por Argentina y Venezuela, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece “que la ruptura de relaciones diplomáticas entre dos Estados no exime al país receptor de sus obligaciones de proteger las instalaciones de la misión diplomática”.
Sin electricidad por 35 días
El 14 de diciembre, los asilados emitieron un comunicado vía Zoom donde alertaron que viven “un acoso psicológico terrible”. “No podemos salir a la calle siquiera a buscar agua”, enfatizó Magalli Meda. Asimismo, la dirigente anunció este sábado en su cuenta de X que tienen “35 días sin electricidad”.
“Esta situación en la Embajada de Argentina protegida por Brasil, pone en evidencia cómo todas las Embajadas en Venezuela y sus Embajadores acreditados SON una apariencia para el régimen. Solo les sirven para usarlos y aparentar que en Venezuela hay ‘democracia y Estado de derecho’”, escribió y pidió: “Nuestros salvoconductos son un derecho”.
