La istración de Trump ordenó a las embajadas y consulados de Estados Unidos que suspendan la programación de entrevistas para estudiantes que buscan visas para asistir a clases en Estados Unidos.
El medio Politico reveló la medida citando el documento firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
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La orden paralizó todos los procesos consulares para aceptar peticiones de estudiantes extranjeros, hasta tanto se evalúa un plan para exigirles a las aspirantes aceptar una investigación de los contenidos publicados en sus redes sociales.
La medida se enmarca en la ofensiva del gobierno de Trump contra la prestigiosa Universidad de Harvard, a la que el 22 de mayo le prohibió inscribir a estudiantes extranjeros. Además, dejó en un limbo a los casi 6800 alumnos foráneos que estudian en esa casa de estudios, a quienes les exigió transferirse a otras universidades o dejar el país.
Qué dice la orden del departamento de Estado
Según el documento oficial publicado por Político, el gobierno le ordenó a las embajadas y consulados estadounidenses que suspenden la realización de nuevas entrevistas con los aspirantes a obtener una visa de estudiante.
El memorándum, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene fecha de este martes.
El cable advirtió: “Con efecto inmediato, en preparación para la ampliación de los requisitos de investigación y examen de las redes sociales, las secciones consulares no deben añadir ninguna capacidad adicional de visados de estudiante o visitante de intercambio (F, M y J) hasta que se publiquen nuevas directrices, que esperamos en los próximos días”.
No fue la única medida conocida hoy contra las universidades.
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El gobierno de Trump anunció que prevé cancelar todos los contratos restantes con la Universidad de Harvard. Lo dijo un importante funcionario citado por AFP.
La istración “enviará hoy una carta a las agencias federales pidiéndoles que identifiquen cualquier contrato con Harvard, y si pueden ser cancelados o redirigidos a otro lugar”, dijo la fuente que pidió mantener el anonimato.
El fin de los contratos, que según los medios de comunicación estadounidenses ascenderían a 100 millones de dólares, marcaría la ruptura de los lazos comerciales entre el gobierno y una institución que es a la vez la universidad más antigua del país y una potencia mundial de la investigación.
