El presidente Jair Bolsonaro obtuvo finalmente la cabeza del director del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE), al que acusó de mentir y dañar la imagen de Brasil por publicar datos preocupantes sobre la deforestación de la selva amazónica.
Ricardo Galvao, un físico de 71 años, anunció este viernes su propia destitución, tras dos semanas de polémicas en la que llegó a tratar al presidente de "cobarde". "Mis palabras sobre el presidente generaron molestia, entonces seré destituido", dijo Galvao tras reunirse con el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes.
La polémica se inició el 19 de julio, cuando Bolsonaro, un reconocido escéptico del cambio climático y partidario de la apertura de áreas protegidas a actividades agrícolas y mineras, puso en duda datos del INPE que muestran un aumento de 88% de la deforestación de la selva amazónica en junio, en comparación con el mismo mes de 2018.
"Nuestra sensación es que eso no coincide con la verdad. Hasta parece que [el presidente del INPE] está al servicio de alguna ONG", dijo Bolsonaro, en un desayuno con corresponsales extranjeros. "Entiendo la necesidad de preservar, pero la psicosis ambiental dejó de existir conmigo", afirmó.
Al día siguiente, Galvao replicó, afirmando que Bolsonaro "hizo acusaciones indebidas contra personas del máximo nivel de la ciencia brasileña" y comparó las sospechas emitidas por el jefe de Estado a "una broma de un chico de 14 años, incompatibles con un presidente de la República".
Galvao, que recibió un fuerte apoyo de la comunidad científica, volvió a la carga el 21, afirmando que Bolsonaro "ha mostrado su cobardía expresándose así" y agregó: "Quizás pensaba que iba a presentar mi renuncia, pero no lo haré".
La tensión recrudeció el jueves, cuando Bolsonaro afirmó que los datos del INPE "no corresponden a la verdad" y dañan su propia reputación y la de Brasil. Y agregó: "Si [Galvao] rompe la confianza, será destituido sumariamente".
El INPE había publicado entre tanto nuevos datos, que muestran un aumento de la deforestación de 40% en los últimos doce meses respecto a los doce meses precedentes.
Unos números que ofrecen argumentos a los sectores y organizaciones europeos que cuestionan el reciente acuerdo de libre comercio alcanzado en junio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
"Los datos sobre la deforestación revelan lo que todos saben: que está avanzando de manera muy importante. Y crean un problema para el gobierno, porque la presión nacional e internacional es muy grande", dijo a la agencia de noticias AFP Joao-Paulo Capobianco, vicepresidente del Instituto Democracia y Sustentabilidad y ex viceministro de Medio Ambiente en 2007-2008 bajo la gestión de la excandidata presidencial Marina Silva.
"Bolsonaro sabe que su gobierno es el principal responsable del actual escenario de destrucción de la Amazonía. La destitución del director del INPE no es más que un acto de venganza contra quien muestra la verdad", afirmó Márcio Astrini, coordinador de Políticas Públicas de Greenpeace.
"Hay una gran ofensiva de sectores que lucran mucho con la ocupación de la Amazonía y el presidente de la República ya demostraba antes de su elección una total ignorancia sobre el tema. No lo considera relevante", agregó Capobianco.
Al ser interrogado la semana pasada sobre el impacto ambiental de un proyecto de turismo en la zona de Río de Janeiro, Bolsonaro respondió que ese tema "solo le importa a los veganos que comen solamente vegetales".
La cuestión ambiental está íntimamente vinculada en Brasil a la de los territorios indígenas, que Bolsonaro quiere que dejen de ser santuarios para poder integrar a sus habitantes a "las maravillas de la vida moderna", como dijo el mes pasado.
En ese campo, el jefe de Estado sufrió un revés el jueves, cuando la corte suprema anuló una ordenanza que transfería la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Agricultura, considerado como un baluarte de los intereses del agronegocio.
El escándalo se da en el momento en que se investiga la muerte del cacique Emyra, de la tribu waiapi, por la que indígenas acusan a mineros ilegales armados, algo que Bolsonaro puso en dudas.
El presidente brasileño dijo que pretende legalizar la minería de pequeño porte (conocida en Brasil como "garimpo") y que los indígenas también deberían tener autorización para practicar la minería en sus tierras, en lugar de estar "presos" como en un "zoológico como si fuesen animales prehistóricos".
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la muerte del cacique y la asoció a las políticas pro-minería de Bolsonaro.
