El Senado trata este martes el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con la práctica médica. La iniciativa, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, llega al recinto tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados.
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Aún es incierto el resultado que podría obtener la propuesta, que fue rechazada en 2018 con 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y un ausente. A último momento, continúan las negociaciones entre los bloques para intentar torcer la definición que está virtualmente empatada. A continuación, los puntos clave del proyecto que trata el Senado.
Despenaliza y legaliza
El proyecto de ley que trata el Senado regula el a la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Después de ese plazo, no estará permitido, excepto los casos que contemplados en el Código Penal.
En la Argentina, desde 1921, el Código Penal permite el aborto cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer o persona gestante y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente”.
En marzo de 2012, en el fallo conocido como “F.A.L”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) aclaró que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual. En ningún caso debe solicitar una autorización judicial previa para acceder a la práctica y no tiene la obligación de denunciar penalmente el delito: con una declaración jurada es suficiente.
El plazo para que se realice la práctica
Las mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde la solicitud. Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado del paciente expresado por escrito.
Aborto gratuito
Todas las obras sociales y prepagas, además de los hospitales, deben garantizar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio, junto con las de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
Objeción de conciencia
Los médicos podrán negarse a realizar el aborto, pero deberán derivar obligatoriamente a la paciente. Así lo establece el artículo 11 del proyecto. Aclara que aquellos efectores “que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo” deben trasladar a la persona a uno que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que se había solicitado.
“En todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”, aclara la norma.
Atención posaborto
La iniciativa establece el derecho de la persona que requiera el aborto a recibir servicios médicos y psicológicos después de la intervención. Los médicos no podrán alegar objeción de conciencia para negarse a prestarla. En caso de incumplir con esa obligación, podrían recibir sanciones disciplinarias, istrativas, penales y civiles.
Menores de 13 años
Las personas menores de 13 años deberán solicitar la IVE mediante un consentimiento firmado por al menos uno de sus padres o responsables legales. En tanto, los casos de adolescentes de entre 13 y 16, deberán concurrir al centro de salud con un acompañante o “referente afectivo”.
Fuera de plazo
Si el aborto se hiciera después del período establecido, se fijan penas que van entre tres meses y un año de prisión.
De aprobarse el proyecto de ley, se modificaría el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: “El o la que causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86”.
El artículo 86 quedará de esta forma: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional”.
