Casi como un acto reflejo por el femicidio de Úrsula Bahillo, la diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, presentó este jueves un proyecto elaborado junto a un grupo de colegas para modificar el Código Penal y que puedan ir presos los funcionarios judiciales que demoren medidas. Esto al igual que un agresor por incumplir una restricción perimetral en una causa por violencia de género.
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En los fundamentos del proyecto, Gaillard señala que el caso del femicidio en la ciudad bonaerense de Rojas “ha vuelto a hacer visible la problemática de la violencia de género. Aquí se puede ver claramente el incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto policial como judicial, la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una completa falta de empatía por sus vidas”.
El proyecto establece sanciones de prisión para funcionarios que demoren o frenen la disposición de medidas de prevención, y también para agresores que no cumplan con las restricciones establecidas por la Justicia.
En el texto de la iniciativa se agrega que “sabemos que no todos los casos son iguales, y que no se puede realizar una modificación legal para cada caso. Pero observando el comportamiento de los servicios que debieran proteger a las mujeres, y no lo hacen, debemos avanzar más sobre sus acciones ya que el deber ser de sus funciones no tienen impacto en la realidad”.
La legisladora por Entre Ríos propone la sanción ante casos de “desobediencia” del agresor, cuando ésta se produzca ante una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona. En el marco de un proceso en el que existiera una denuncia efectuada por violencia de género o violencia familiar, la pena será de tres a cinco años de prisión.
Además, el proyecto incorpora un párrafo en el marco del artículo 249 del Código Penal -Ley 11.179-. En el agregado se establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal.
La iniciativa también busca resolver la dilación que se genera en las causas que se tramitan por denuncias por violencia de género, y establecer una mayor rapidez en la respuesta ante el incumplimiento de medidas de protección a las víctimas.
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En este sentido, dispone que “será reprimido con pena de uno a seis años el juez o jueza que en las denuncias por hechos de violencia de género o de violencia familiar incurriera en las conductas precedentes. O que demore en forma maliciosa la adopción de medidas de protección de la víctima después de haber sido requerido por las partes, y de vencidos los términos legales”.
El proyecto lleva las firmas de las diputadas Mónica Macha, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Jimena López, Victoria Rosso, Gisela Marziotta, Lucía Corpacci, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Melina Delu, Graciela Landriscini, Estela Hernández, María Rosa Muñoz, María Rosa Martínez, Alcira Figueroa, Melina Delu, Graciela Parola, Estela Hernández, Paola Vessvessian, Liliana Swindt, Nancy Sand, Mabel Caparros, Beba Soria, María Luisa Montoto y Nelly Daldovo.
