Tras el escándalo que marcó la salida de Ginés González García del Gobierno, jueces federales con asiento en Comodoro Py recibieron otras denuncias en las últimas horas sobre la aplicación irregular de la vacuna contra el coronavirus a funcionarios, políticos, sindicalistas, periodistas amigos o familiares. Todas fueron remitidas al juzgado de María Eugenia Capuchetti que investiga, junto al fiscal Eduardo Taiano, la denuncia contra el exministro de Salud y Horacio Vervitsky.
Los colegas de Capuchetti le envían las causas que reciben al despacho del cuarto piso en torno al caso, casi sin leerlas. La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 recibió la primera denuncia formal, realizada por el fiscal Guillermo Marijuán por el vacunatorio VIP que funcionó con personal del Hospital Posadas. En consecuencia, concentra todos los expedientes que guardan relación, indicaron fuentes judiciales a tn-ar.noticiasalagoanas.com. Ahora, el fiscal evalúa si amplía las imputaciones.
Pese a la advertencia de Alberto Fernández a la Justicia por el vacunatorio VIP, fiscales y magistrados de todo el país se muestran decididos a avanzar sobre el tema.
En Olavarría el juez federal de Azul Gabriel Di Guilio aceptó la competencia de la causa por la pérdida de 400 dosis de la Sputnik V en el Hospital de Oncología por considerar que los imputados, los directores del hospital y el director de la Región Sanitaria, pudieron haber puesto en riesgo la salud pública.
Al mismo tiempo, la justicia bonaerense investiga un vacunatorio VIP en San Nicolás, distrito del interior de la Provincia de donde son oriundos González García y su sobrino Lisando Bonelli, quien era su jefe de gabinete en el Ministerio y que también fue vacunado por fuera de protocolo.
El Hospital San Felipe fue allanado este martes por orden de la fiscal Verónica Marcantonio, con la finalidad de secuestrar documentación que podría probar la existencia de vacunaciones irregulares. La causa podría pasar al fuero federal, aunque aún no hay confirmación.
El delito, configurado en el artículo 205 del Código Penal, es el que -en primera instancia- habilita al fuero federal a mirar de cerca las causas que se están abriendo en las provincias, como Córdoba, Salta, Buenos Aires y Jujuy por aplicaciones fuera de protocolo e irregularidades en la distribución.
En Córdoba, la Justicia Federal analiza la denuncia que hicieron el diputado Luis Juez y el senador Ernesto Martínez sobre la existencia de un vacunatorio VIP en esa provincia. Aseguran que existe un listado de funcionarios y amigos que habrían sido inmunizados por fuera del protocolo.
Los magistrados no solo consideran la tipificación sino también el hecho de que la vacuna es un bien que fue adquirido con fondos federales y, de probarse alguna injerencia, la calidad de agentes naturales del Gobierno federal de los gobernadores.
La investigación en la Ciudad de Buenos Aires
El juez federal Ariel Lijo ordenó un allanamiento al Ministerio de Salud porteño tras la denuncia contra Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós por la distribución de las vacunas a centros privados y prepagas, luego de que el fiscal Carlos Stornelli los imputara por la presunta “privatización” de las dosis, en el marco del plan de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.
Lijo también libró un oficio al Ministerio de Salud de Nación para que informe cuántas dosis se entregaron a CABA. Los investigadores buscan determinar cómo se distribuyeron en los centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada, bajo qué criterios se suscribieron convenios y a quiénes se inoculó.
Malestar en la Justicia por las palabras de Alberto Fernández y la intimación a Eduardo Taiano
Después de que la Anses intimara a jubilarse al fiscal Eduardo Taiano, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Marcelo Gallo Tagle advirtió en TN que estas notificaciones son “amenazas veladas” y que “dan a entender que se busca dar por perdido el trámite jubilatorio”. Advirtió que vulneran derechos adquiridos y anticipó que van a plantear la inconstitucionalidad de estas notificaciones.
Gallo Tagle también repudió las críticas de Alberto Fernández, que en una conferencia de prensa en México, pidió “terminar con la payasada” al considerar que “no hay un delito por adelantarse en la fila” de la aplicación de inmunizaciones contra el COVID-19. Expresó que aunque es sumamente complejo para el Gobierno istrar las vacunas eso “no justifica pretender cambiar el ojo de la discusión, y perder de vista si lo que sucedió es un delito o no”.
Cuestionó que “el Ejecutivo intenta desprestigiar al Poder Judicial cuando no hay motivos para hacerlo”, que el caso de la vacunación VIP es “cuanto menos una grave falta ética” y que “por más comentarios peyorativos que se hagan hay motivos para investigar”.
Resulta reprochable por constituir una afrenta a la división de poderes y una falta de consideración a otro Poder del Estado, calificar de “payasada” una investigación impulsada por fiscales que tienen a su cargo promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
En un comunicado, la Asociación de Magistrados expresó su “preocupación y malestar ante las expresiones públicas recientemente vertidas por el señor Presidente de la Nación, relativas a las causas penales iniciadas en torno a la situación que varios medios de comunicación han denominado “vacunatorio VIP””.
“No corresponde al titular del PEN emitir juicios acerca de la posible tipicidad o atipicicidad de conductas de funcionarios públicos dependientes de ese Poder del Estado que se encuentran sometidas al conocimiento de jueces/as y fiscales”, indicaron.
El texto concluye: “Resulta reprochable por constituir una afrenta a la división de poderes y una falta de consideración a otro Poder del Estado, calificar de “payasada” una investigación impulsada por fiscales que tienen a su cargo promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.
