La Sala I de la Cámara federal de Casación Penal sobreseyó a Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la causa del dólar futuro. Tanto la vicepresidenta como el entonces ministro de Economía estaban a la espera de la definición que podía haberlos llevado a enfrentar un juicio oral. La decisión se tomó por voto unánime de los tres jueces de la cámara Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.
Además de la expresidenta y Kicillof, los magistrados sobreseyeron a otros 13 acusados, incluidos el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, y su actual presidente Miguel Ángel Pesce. Todos ellos estaban acusados de haber defraudado al Estado a través de las operatorias de venta de dólar futuro entre agosto y noviembre de 2015.
Hace poco más de un mes, la exmandataria había reclamado el sobreseimiento a través de un extenso discurso en el que apuntó al poder judicial, al que acusó de ser “un sistema podrido y perverso”, e incluyó una fuerte defensa política en la que arremetió contra el expresidente Mauricio Macri, entre varios exfuncionarios y opositores. El descargo fue expuesto por videoconferencia ante Casación, y luego el fiscal Raúl Pleé pidió rechazar el planteo.
Casación, en el fallo emitido este martes, a exactamente cinco años de la primera indagatoria de Cristina Kirchner por este caso, también dispuso remitir las actuaciones al Tribunal Oral para cesar las medidas cautelares. El fallo añade, como sucede en cada sobreseimiento: “Dejar a salvo el buen nombre y honor del que gozaren los nombrados en este proceso”.
A fines de 2015, con las elecciones presidenciales ya perdidas, el mercado y los agentes económicos descartaban una devaluación ya que el candidato ganador había anunciado en campaña que eliminaría el cepo al dólar. Aún con ese escenario, el Banco Central comandado en ese entonces por Vanoli, vendía contratos de dólar futuro al precio oficial de aquellos días.
Cuando se concretó el cambio de Gobierno y el tipo de cambio se disparó, el Estado perdió sumas millonarias. El Central tuvo que imprimir unos $50.000 millones de pesos.
Las defensas sostenían que no debía haber juicio porque no hubo ningún perjuicio para el Estado. Se basaron en una pericia que realizó el cuerpo de contadores de la Corte Suprema de Justicia en la que analizaron los balances del Banco Central de 2015 y 2016, y en la se reportaron ganancias. Hablaron de una “absurda acusación” y apuntan a que el verdadero perjuicio para el Estado lo provocó el gobierno de Macri al pagar esos contratos después de una devaluación.
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En este sentido, en un voto conjunto, Petrone y Barroetaveña señalaron que según las conclusiones de la pericia realizada la suscripción de los contratos futuros celebrados por el Central aparecía dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad. Además, apuntaron que todo se habría desarrollado “dentro del marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera”, entre otras funciones.
Entendieron que no es posible atribuir responsabilidad penal respecto de ningún resultado ocasionado por un accionar legítimo y conforme a derecho y en consecuencia correspondía dictar el sobreseimiento de todas las personas imputadas. Por su parte, la jueza Figueroa también llegó a la misma conclusión en su propio voto.
