La presunta manipulación de los datos poblacionales de La Matanza durante la última década amenaza con convertirse en una verdadera batalla política y judicial entre el oficialismo y la oposición en la provincia de Buenos Aires. Intendentes del PRO se preparan para ir a la Justicia y amenazan con denunciar también al Gobierno de Axel Kicillof si no modifica el reparto de los recursos provinciales, que actualmente estaría favoreciendo al municipio que gobierna el PJ desde 1983. El Ejecutivo bonaerense adelantó que no habrá cambios.
Según los datos del Censo 2022 que informó el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), La Matanza tiene 1.837.774 habitantes. Esto es, 540.000 habitantes menos que los 2.374.149 que el propio organismo había proyectado para el municipio este año. Es, también, una diferencia de una magnitud que no se registró en ninguno de los otros distritos del conurbano.
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El Censo 2010 había indicado que La Matanza tenía 1.775.816 habitantes, de modo que en 12 años la población solo habría crecido 3,3% (0,2 por año); otra vez, debajo del promedio registrado en el resto de los municipios.
La provincia de Buenos Aires utiliza el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para distribuir la coparticipación y los fondos especiales entre los municipios bonaerenses. El índice se construye en base a una serie de variables entre las que la población tiene especial incidencia.
En junio del año pasado, los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ambos del PRO, denunciaron penalmente inconsistencias económicas y estadísticas que permitían sospechar que hubo manipulación de los números del Censo 2010 para engrosar el dato poblacional de La Matanza. La causa quedó en manos del juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal 11 de forma interina, y del fiscal federal Eduardo Taiano.
Según indicó Valenzuela a TN, la semana que viene, junto a Montenegro, ampliarán la denuncia para que se tome en cuenta los datos oficiales del Censo 2022 como elemento probatorio en la causa.
“En términos legales se cumple el primer requisito cuando se investiga la comisión de un delito, que es la materialidad del ilícito. El censo 2022 acredita que hubo manipulación de las estadísticas en 2010. Luego el segundo paso es quién lo cometió o quién participó del delito, que ya es materia de investigación judicial”, sostuvo el intendente de Tres de Febrero.
Es decir, no se acusa a ningún funcionario o exfuncionario y sería en todo caso la Justicia la que identifique a los eventuales responsables. El Indec estuvo intervenido entre 2007 y 2015. En el 2010 estaba bajo control de Guillermo Moreno. El intendente de La Matanza era Fernando Espinoza, el mismo que en la actualidad.
En el Gobierno advierten que no habrá modificaciones este año
Según calculan en el PRO, La Matanza recibió “ilegítimamente” entre 2011 y 2022 unos $34.000 millones que supuestamente debieron ser repartidos entre el resto de los municipios. Este año, serían $9125 millones más si no se modificara el porcentaje que recibe La Matanza por el CUD.
Hace meses, tanto intendentes de la Unión Cívica Radical como del PRO reclaman que el Gobierno de Axel Kicillof conforme una mesa técnica que incluya a los 135 municipios provinciales para rediscutir el índice de distribución de recursos. En los últimos días, por otra parte, Valenzuela le envió una carta al mandatario pidiéndole que modifique inmediatamente la repartición y que compense retroactivamente a todos los distritos.
“No vamos a entrar en el juego de Valenzuela, que debe estar haciendo su campaña para gobernador. No están contempladas modificaciones del CUD. Cada vez que hubo un censo, se modificó recién al ejercicio siguiente, en este caso sería el 2024. Se discute por Legislatura, con el Presupuesto”, señalaron en la Casa de Gobierno de la Provincia ante una consulta de este medio.
En la oposición bonaerense consideran que el gobernador está habilitado, por la ley que regula el régimen unificado de coparticipación municipal, modificar la repartición si surgen nuevos datos oficiales, como sería el Censo 2022, y podrían avanzar con denuncias contra el mandatario bonaerense o con cautelares para que la Justicia se pronuncie.
“Si la gobernación no respondiera de manera pertinente y no adecua los mecanismos de coparticipación al nuevo censo, también yo voy a evaluar recurrir a la justicia, porque se estaría consolidando una distribución injusta de los recursos en función a datos de población que no son ciertos”, advirtió Valenzuela.
