Tras un año y ocho meses dejó el país el avión venezolano-iraní que estaba retenido en Ezeiza. Voló a Estados Unidos, país que solicitó que sea decomisado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había pedido que sea devuelto a Caracas y cuestionó a la justicia argentina por tomar esta decisión.
El Boeing 747-300 de la aerolínea Emtrasur partió en la madrugada de este lunes. Se encontraba en el país desde el 8 de junio de 2022. El gobierno norteamericano había solicitado el decomiso debido a la transferencia irregular por parte de la compañía aérea iraní Mahan Air a la venezolana.
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Tras ello, el juez federal, Federico Villena decidió entregar la aeronave tras el visto bueno de la fiscal, Cecilia Incardona. El magistrado aceptó el pedido del Tribunal para el Distrito de Columbia, que fue quien solicitó la incautación porque, según consideran, “el avión está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada de Mahan Air”.
La trama del avión venezolano-iraní: qué pasó con la tripulación de la aeronave
El aeronave llegó a la Argentina el 6 de junio de 2022 transportando autopartes de Volkswagen. Dos días después intentó volar a Uruguay para cargar combustible, pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar.
En aquel entonces la justicia argentina retuvo a la tripulación de la nave, integrada por quince ciudadanos venezolanos y cuatro iraníes. Sin embargo, cuando se determinó que no cometieron ningún delito fueron liberados por falta de mérito.
El avión estuvo más de un año bajo custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Durante ese tiempo se le permitía rodar para hacer tareas de mantenimiento.
Hace algunas semanas, a través de un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro condenó “de manera categórica”, la decisión “servil a intereses imperiales” tomada por el juez Villena, que “intentaba consumar el robo” de la aeronave “secuestrada” en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires.
Venezuela aseguró haber demostrado, ante “todas las instancias jurídicas y políticas internacionales”, la “posesión legal y legítima de la referida aeronave, dedicada al servicio de transporte de insumos de primera necesidad”.
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La decisión de decomisar y entregar a Estados Unidos el avión fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso.
Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y Estados Unidos con el que ambos países “se comprometieron a brindarse asistencia mutua”, lo que incluye la “cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro”.
