La titular de la Aduana, Rosana Lodovico, fue denunciada en la Justicia por el posible delito de cohecho y lavado de activos. La presentación tiene origen en un préstamo que tomó la funcionaria en 2022 de una empresa ligada al contrabando.
“En virtud de noticias periodísticas hemos tomado conocimiento de maniobras posiblemente ilícitas compatibles con hechos de cohecho (dádivas) recibidos por parte de Rosana LODOVICO (Directora de ADUANAS); Luis Antonio BOCASSI (ex marido de LODOVICO y jefe de la Sección Encomiendas Postales Internacionales de la ADUANA) recibidos a través de un ‘préstamo’ de US$250.000 que le habría hecho PROMARLON SA por orden de su presidente, Claudio Gabriel SZLAIEN, mientras la empresa se encontraba siendo investigada por contrabando”, menciona la denuncia realizada por la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica.
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Aclara además que la empresa no se dedicaba a brindar préstamos ni estaba autorizada a ello. Campagnoli vincula también en la denuncia a Alejandro Omar Lucano, cuñado de Lodovico y empleado de ese organismo, no solo por su posible rol en la toma del préstamo con Promarlon, sino también por una sociedad que constituyó con Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, candidato del Gobierno a la Corte Suprema. “Lucano sería engranaje esencial entre los jueces Federales, Aduana y aquellos que pretenden beneficiarse”, expone la denuncia.
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Al ser consultada sobre esto, Lodovico explicó: “Tengo un pasivo en mi declaración por un préstamo que tomé con una empresa por US$250.000 en octubre del año pasado. Este préstamo se pidió en conjunto con mi exmarido para la compra de una casa, una parte del valor total de US$330.000, y el resto fue pagado con ahorros”, en declaraciones a La Nación. Ante la Oficina Anticorrupción, la funcionaria declaró una deuda de 22.145.000 pesos, que equivale a su parte de la deuda al cambio oficial de la época.
La casa que menciona es una propiedad que utilizan para vacacionar en Canning y fue comprada mientras ella ejercía funciones durante la gestión anterior. Durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel fue subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, uno de los puestos más importantes del organismo, y luego fue ascendida como titular del organismo en la gestión de Javier Milei. El Gobierno no ha hecho declaraciones aún sobre la situación de Lodovico ni del resto de los funcionarios mencionados.
La Fundación Apolo, que dirige el legislador porteño Yamil Santoro, presentó otra denuncia, bajo los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. “Según lo publicado el pasado 2 de mayo por el diario La Nación, ’Rosana Lodovico, directora de Aduanas, tomó junto a su exmarido una deuda de US$250.000 con una empresa denunciada por contrabando’”, señala la presentación de la fundación que lidera Santoro.
En la misma línea, la denuncia afirma que “la conducta denunciada genera un grave descrédito en la ciudadanía, respecto del funcionamiento de las instituciones y, en particular, por una institución clave en la recaudación impositiva, en tiempos en que el Estado Nacional atraviesa una de las peores crisis económicas de nuestra historia”. Y sentencia: “En esta situación en que los argentinos se encuentran realizando un enorme esfuerzo en el contexto de crisis, no hay lugar para conductas delictivas por parte de funcionarios públicos y mucho menos para que funcionarios judiciales dilaten o desestimen denuncias de modo apresurado”.
La causa legal contra Promarlon SA, iniciada en 2017 por la propia Aduana, involucra a 25 personas, incluyendo de la empresa y funcionarios públicos del organismo de control. Se les acusa de formar parte de una organización dedicada al contrabando de mercaderías entre Paraguay y Argentina, así como su posterior distribución y comercialización.
