El Gobierno espera la inflación de julio sea la más baja en lo que va del año y pone la mira en la recesión. La mesa chica del Ejecutivo sostiene que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sétimo mes del año oscilará entre el 3,8% y el 4,1%, por debajo de la cifra de junio (4,6%) y de mayo (4,2%).
En la Casa Rosada hay preocupación por la caída de la actividad y más de un funcionario reconoce que no hay señales de reactivación en el corto plazo. Los más optimistas mantienen la postura de que “la peor parte de la caída ya pasó”.
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La cúpula de Balcarce 50 se respalda en la vuelta del crédito como un factor de posible crecimiento del sector privado y apuesta a la llegada de inversiones a través del paquete de medidas que se aprobaron dentro de la Ley Bases.
Es por eso que aceleran la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que se firma el viernes. El vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, están trabajando en el texto.
El Gobierno rechaza devaluar en el corto plazo y planea eliminar el cepo cambiario antes de 2025. Quiere cerrar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S10.000 y espera un refuerzo del Banco Mundial de U$S2000.
Los cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo, aseguran que no eliminarán las restricciones sin un “colchón de dólares seguro” y sostienen que están fijando el marco de condiciones para avanzar en la liberación cambiaria.
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Asimismo, mantienen los cuestionamientos contra el campo por no liquidar divisas y afirman que van a reducir la alícuota del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% una vez que se perciba la recaudación de la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que rige desde agosto.
El Ejecutivo busca además avanzar con la agenda del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Milei le pidió que realice la reforma del Estado y que libere los marcos regulatorios de distintos sectores comerciales.
El funcionario prepara una serie de decretos con modificaciones sobre las regulaciones del transporte de larga distancia y el tipo jurídico de las empresas públicas, que pasarán a ser sociedades anónimas para poder tasarse.
La Casa Rosada quiere avanzar con la privatización de seis empresas públicas antes de 2025. Se trata de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Correo Argentino, Corredores Viales, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), Tandanor y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
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El Gobierno apuesta además a una reactivación de la actividad a través de las modificaciones que impulsó sobre la Ley de Hidrocarburos. Establecen que Nación no pueda intervenir o fijar precios de comercialización en el mercado interno y dispone que los concesionarios puedan exportar libremente, sujeto a la no objeción de la secretaría de Energía.
El Ejecutivo ya publicó el decreto que lo habilita a rescindir contratos de obra pública que fueron firmados previo al 10 de diciembre de 2023 y a renegociar las concesiones. La Casa Rosada rechaza que haya un crecimiento de la actividad por esta vía y pone la mira en la reforma laboral.
