El fiscal federal Carlos Stornelli imputó este miércoles al expresidente Alberto Fernández por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Se trata de la causa que investiga si la cuarentena por la pandemia de coronavirus se extendió más allá de lo necesario por razones políticas.
Stornelli impulsó así una denuncia que había hecho el fiscal federal Guillermo Marijuan, con base en los dichos del exministro de Economía Martín Guzmán, que en los últimos días aseguró que la cuarentena fue una “bandera política”. El fiscal pidió que se “recabe la totalidad de las normas y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia a través de las cuales se establecieron restricciones para las libertades ambulatorias de las personas”.
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La medida se desprende de una presentación judicial encabezada por Yamil Santoro, en la que el legislador porteño denunció penalmente al expresidente a partir de los recientes dichos públicos de Martín Guzmán sobre las medidas de aislamiento. “No podemos permitir que las libertades de los ciudadanos sean manipuladas para fines políticos. Las decisiones que se tomaron durante la pandemia no solo afectaron gravemente la economía y la salud de los argentinos, sino que fueron utilizadas como herramientas de marketing político. Esto no es negligencia, es un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado”.
Stornelli también solicitó la “videograbación original” de la entrevista a Guzmán y se ordene la “transcripción su contenido”. Además, pidió que se “llame a prestar declaración testimonial a los representantes legales y/o titulares de las distintas cámaras empresariales de las actividades más destacadas del país, tanto de la industria como del comercio, para que se explayen respecto del nivel de actividad del rubro que representan al tiempo de la pandemia y los efectos que tuvieron las restricciones en cada uno de los ámbitos que representan”.
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Otro de los pedidos del fiscal es que el gobierno de Javier Milei informe si existe documentación de posibles encuestas que la anterior gestión pudo haber solicitado (a organismos públicos o consultoras privadas) para conocer la opinión de la gente sobre la cuarentena.
La causa está en manos de la jueza federal María Servini, que tiene que decidir si ordena lo que Stornelli pide como prueba. Días atrás, Guzmán declaró que la cuarentena “fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno”, al tiempo que consideró que para él fue “más larga de lo que debió haber sido”.
