Como adelantó TN, el Gobierno también le quitó la jubilación de privilegio a Amado Boudou, a través de una resolución publicada este viernes por el titular de la ANSES, Mariano de los Heros. El exvicepresidente percibe $6.814.272 mensuales, según el último informe de gestión.
La Casa Rosada asegura que dará de baja todas las asignaciones de privilegio de exfuncionarios condenados por la Justicia. La Corte Suprema confirmó en 2020 la sentencia de Boudou por la causa Ciccone, que lo convirtió en el primer vicepresidente condenado por corrupción.
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En el Ejecutivo esperan que haya una escalada judicial por la quita de jubilaciones de privilegio a Cristina Kirchner y Boudou y ya prepara la defensa, que caerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, en caso de efectivizarse una respuesta de la exmandataria.
La Casa Rosada se respalda en la Ley 24.018, que establece los lineamientos para las pensiones de expresidentes y vices. En Balcarce 50 sostienen que van a hacer foco en el “mal desempeño”, que se detalla en los artículos 53, 59 y 60. Estos dan lugar a la remoción del cargo por juicio político.
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El Ejecutivo invoca también el artículo 53 de la Constitución Nacional. “Que el mal desempeño expresa una regla legal de amplitud por la cual, la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal ante la comisión de delitos en ejercicio de la función pública”, agrega la medida que se oficializará mañana.
En tanto, entre los perjudicados por la medida sostienen que sin la figura del juicio político no podría quitarse la jubilación de privilegio. El caso es que al ya no ocupar cargos públicos, no podría llevarse a cabo. En el Gobierno consideran que las sentencias en su contra en causas de corrupción son motivo suficiente para retirarles el beneficio.
“La finalidad de la asignación de privilegio oportunamente otorgada a favor del titular, deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública, en perjuicio del Estado Nacional”, señala la resolución publicada por Anses este viernes. Y agrega: “Una particular circunstancia que otorga legitimidad de percepción a sus beneficiarios le viene dada por ciertas conductas que tienen que acreditar en función del ejercicio de altos cargos en la istración Pública, siendo que esa premisa no solo tiene que acreditarse al cese en el cargo sino también durante toda todo el tiempo que se mantiene la percepción del beneficio”.
