El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dará de baja a casi 1800 beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC IL) en la provincia de Chaco que estaban inscriptos al sistema en forma irregular o no cumplían con los requisitos.
Manuel Adorni, vocero presidencial, dio a conocer los resultados de una nueva auditoría que forma parte del proceso del control iniciado por ANDIS y que, durante el año, reveló otras maniobras fraudulentas con las pensiones que se otorgan en todo el país por discapacidad laboral.
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“Siete de cada 10 pensiones por invalidez estaban mal otorgadas, no cumplían los requisitos o era fraudulentas”, aseguró Adorni este martes por la mañana.
En los últimos días, durante diferentes operativos en las localidades chaqueñas de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Presidente de la Plaza y Castelli, fueron citados un total de 2.689 beneficiarios, de los cuales 2344 (un 87.17%) asistieron a la convocatoria.
Entre los auditados, “únicamente 365 (el 13.58%) han resultado favorables; es decir que han cumplido con los requisitos para continuar recibiendo el beneficio”, mencionó el responsable de la comunicación presidencial.
Se detectaron 1796 (66.79%) beneficiarios que no cumplen con los requisitos necesarios para mantener el beneficio, por lo cual se los dará de baja. Hay 183 casos (un 6.81%) en proceso de fiscalización médica.
En julio, a través de una auditoría sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores, el organismo había detectado “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en US$3400 millones.
El Gobierno anunció entonces que pondría en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 de beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio. Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”.
Así lo dio a conocer Adorni. “A diciembre de 2023 la cifra se ubicó en más de 1.223.000 beneficiarios, un número estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”, dijo entonces.
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Entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, el vocero mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez, de las cuales el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas -de forma exprés- en menos de 30 días, cuando el trámite demora mucho más”.
Para ejemplificar, el vocero hizo público un caso ocurrido también en Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez.
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