El gobierno de Javier Milei disolverá la istración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y sus competencias pasarán a concentrarse en un nuevo organismo centralizado denominado Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), según dieron a conocer en ¿La ves? por TN.
Las principales responsabilidades del organismo portuario en la actualidad son las de regular el puerto de Buenos Aires, y ordenar y pagar por el dragado y balizamiento de la Hidrovía que está en un proceso de licitación.
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Como había adelantado TN, Milei tenía al organismo en la mira por los números deficitarios que arroja. En 2021, la empresa estatal arrojó un superávit de US$28 millones. En 2022 pasó a dar un déficit de US$10 millones, y en 2023 -año electoral- perdió la friolera de US$45 millones.
Su entonces interventor, José Carlos Beni, fue nombrado en junio de 2020 por el gobierno de Alberto Fernández. Además de una larga trayectoria en el organismo, Beni, era (y es) referente del Instituto Patria. De hecho, durante su gestión impulsó la estatización de la Hidrovía.
A pesar del cambio de gobierno, poco se había modificado en el cuestionado organismo. Si bien la nueva gestión redujo la planta de empleados de 750 a 510, las bajas se dieron llamativamente en empleados de planta permanente con años de experiencia y no, como ocurre en otros organismos, sobre aquellos contratados durante el último gobierno. Por el contrario, muchos de los contratados bajo la gestión de los exministros Mario Meoni y Sergio Massa fueron ascendidos.
Con respecto a los gastos, si bien la actual gestión los redujo, las empresas proveedoras, algunas incluso denunciadas en la Justicia por sobreprecios, son las mismas. Hay casos, como el de Unlimited Solutions SRL, Smarty Group SRL y Tecnología Vial Aplicada SA, que en sus directorios se repiten los mismos nombres, y que ganan licitaciones en rubros tan variados como organización de eventos, venta de chalecos salvavidas y neumáticos para los autos oficiales, también bajo la modalidad de “compulsa abreviada”.
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En mayo de este año, bajo esta misma modalidad de compra directa con la sola autorización de la gerente general, la kirchnerista-massista Verónica Piñero, la AGP, que habría arrojado un déficit este año de US$15 millones de no ser por el aporte del gobierno de 16 mil millones de pesos en ATN, mandó a diseñar e imprimir 1000 libros de fotografías del puerto por un costo de $34 millones de pesos.
Según la resolución firmada por la propia Piñero, los libros Postales en Estiba, ayer y hoy del corazón portuario fueron pensados como un regalo institucional y se comercializarían a través del sitio de e-Commerce de la AGP. Tal sitio no existe.
Desde hace años la AGP funciona, como ocurre también con la Aduana y otros organismos, con un organigrama compuesto por un oscuro entramado de referentes políticos y sindicales que participan a través de terceros en los innumerables negocios y contrataciones, a la vez que recaudan una “caja” multimillonaria para la política.
