Este lunes renunció a su cargo Jorge D’Onofrio, el ministro de Transporte bonaerense, en medio del escándalo por las fotomultas. Había quedado envuelto en un supuesto esquema de coimas con infracciones de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La noticia fue confirmada por el gobernador Axel Kicillof.
“Quiero agradecer a Jorge D’Onofrio por el gran trabajo que llevó adelante en Transporte y por el compromiso que demostró durante su gestión al frente de este Ministerio estratégico para la provincia”, escribió en su cuenta de X.
Leé también: El Gobierno echó a la subsecretaria de Turismo: los motivos
Al mismo tiempo, anunció el reemplazo del dirigente del Frente Renovador: “También quiero darle la bienvenida al nuevo ministro Martín Marinucci, con quien vamos a trabajar para profundizar cada una de las políticas y continuar transformando”.
Semanas atrás, Jorge D’Onofrio fue formalmente imputado en una causa que lo investiga presunto lavado de dinero vinculado a las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en el territorio bonaerense. Como parte de las medidas judiciales, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario.
El Juzgado Federal de Zárate-Campana, bajo la órbita del juez federal Adrián González Charbay, busca determinar si hubo favorecimiento de ciertas empresas vinculadas al ministro. A través de licitaciones otorgadas de manera irregular, algunos empresarios habrían recibido contratos millonarios sin seguir los procedimientos establecidos por la ley de proveedores.
Leé también: La Ciudad habló de la pelea entre Bullrich y Larreta: “Si sabe de un caso de corrupción debe denunciarlo”
Pero este no es el único proceso judicial que enfrenta D’Onofrio. En paralelo, la causa que se tramita en La Plata, bajo la fiscalía de Álvaro Garganta, señala al ministro como parte de un esquema paralelo de gestores. Según la denuncia, ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar.
En este caso, la comisión que se cobraba por borrar las multas era del 30% del monto original. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, la firma sufrió una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.
En esta maniobra, de acuerdo a la información judicial a la que accedió TN, está vinculado Mario Quattrochi, un juez de faltas de La Plata que habría facilitado la eliminación de infracciones a cambio de sobornos. El juez federal también ordenó que se levante el secreto bancario del magistrado y pidió al Registro de la Propiedad del Inmueble saber qué bienes tiene a su nombre.
Otros involucrados en la presunta red de corrupción
Además de D’Onofrio, también está en la mira Claudia Pombo, exconcejala de Pilar y pareja del ministro. Pombo, que era una aliada cercana de D’Onofrio, se habría encargado de coordinar las actividades de los gestores que manipulaban el sistema de multas.
Según las denuncias, ella formaba parte de una red que operaba a gran escala para ofrecer la eliminación de las infracciones a cambio de una comisión. En consecuencia, y tras el avance de la investigación, Pombo fue desplazada de su cargo como presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, puesto que ocupaba desde 2020.
La medida fue tomada en una sesión extraordinaria, a la que Pombo no asistió. En su lugar, asumió Juan Pablo Trovatelli, quien también pertenece al oficialismo local, liderado por el intendente peronista Federico de Achával.
Este escándalo de corrupción generó un gran revuelo, no solo por la magnitud de las irregularidades, sino también por la implicación de varias personas cercanas al ministro. Entre los otros involucrados en la causa está Sebastián Desio, presidente de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., que habría obtenido contratos para proveer servicios tecnológicos a las concesionarias de la VTV.
De acuerdo a la investigación, Desio cobraba un porcentaje extra, del 8,5% más IVA, sobre cada inspección que se realizaba en las concesionarias. El modus operandi, según la acusación, fue aprovecharse de su cercanía con el ministerio de Transporte para obtener beneficios económicos sin pasar por licitaciones o concursos públicos.
La empresa que dirige, sin antecedentes en el rubro, se convirtió en una de las principales proveedoras del sistema de VTV, un negocio millonario que podría haber estado viciado de ilegalidades desde sus inicios.
