En la resolución emitida este viernes sobre Nahuel Agustín Gallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que el gendarme argentino detenido en Venezuela tiene dos abogados a los que el gobierno de Nicolás Maduro les negó información.
“El 17 de diciembre de 2024, los abogados Nahuel Gallo en Venezuela fueron citados a la Fiscalía para recibir información sobre su paradero, pero se les notificó que la denuncia por su desaparición no procedería y no se les brindó información”, señala el documento, y agrega: “Al intentar presentar la denuncia, en las oficinas centrales de la Fiscalía General en Caracas se negaron a recibirla”.
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El detalle sorprendió porque hasta ahora el Ministerio de Seguridad no había informado sobre la intermediación de dos abogados ante las autoridades del gobierno venezolano.
La resolución de la CIDH menciona que, 11 días después de la detención de Gallo, los dos abogados se presentaron en la fiscalía a cargo de Tarek William Saab. Todavía Venezuela no había confirmado oficialmente la captura del gendarme y su procesamiento por “vinculación a acciones terroristas”.
En el documento también se indica que la suegra de Gallo “habría ido a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas, para obtener información sobre su paradero “y los funcionarios le respondieron que él no se encontraría en dicha sede”.
Estos detalles se conocen mientras el Gobierno de Javier Milei intenta garantizar una defensa para Gallo y, a la vez, la Justicia federal y tribunales internacionales buscan obtener información precisa sobre el paradero del gendarme.
La CIDH tomó medidas cautelares en beneficio del gendarme al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y que corre “un riesgo de daño irreparable” en manos del chavismo.
Fue a raíz de la denuncia de la Argentina tras la detención del oficial, el 8 de diciembre. En las últimas horas, el gobierno de Nicolás Maduro difundió un video que mostraría a Gallo en su lugar de detención.
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La CIDH entiende que la situación reviste la gravedad, urgencia e irreparabilidad y, de acuerdo al artículo 25 de su Reglamento, le exige a Venezuela que:
- Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria.
- Informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino.
- Precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos.
- Indique de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, de existir esta, o las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha.
- Permita la comunicación del beneficiario con su familia y representantes legales de confianza, dándoles pleno a su expediente penal, de existir.
- Posibilite que tenga comunicación con el país del que es nacional.
- Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.