El fiscal Mario Villar apeló ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se condene a Cristina Kirchner a 12 años de cárcel en la causa Vialidad. La presentación judicial cuestiona la decisión de la Cámara de Casación Penal que confirmó la absolución de la expresidenta por el delito de asociación ilícita y ratificó la condena de seis años de prisión únicamente por istración fraudulenta. ¿Cuáles son los argumentos de la fiscalía?
En concreto, Villar sostiene que el fallo de Casación incurre en omisiones argumentativas al no responder a los planteos del Ministerio Público Fiscal (MPF), lo que “habilita el recurso a la Corte”.
El texto argumenta que la sentencia de Casación que determina la absolución de la expresidenta se basó en una “ficción jurídica sin recepción legal en nuestro país”, al aplicar la figura de “delito continuado” para justificar que no existió una pluralidad de planes delictivos.
En rigor, el fiscal sostiene lo contrario: que Cristina Kirchner lideró una “asociación ilícita piramidal en el seno del Estado, entre los años 2003 y 2015, que replicó en el terreno de la clandestinidad la imagen del organigrama estatal”.
Según el MPF, dicha asociación tuvo “en su cúspide, como jefes, a quienes se desempeñaron como jefes de Estado” y estuvo conformada por una red de funcionarios públicos que, “en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de sus respectivos cargos y del poder político que ejercían, prestaron los aportes necesarios para que las maniobras pudieran llevarse a cabo”.
De acuerdo con el documento del fiscal, la finalidad de esta asociación era “la detracción de los fondos del Estado para un beneficio particular o de terceros”, utilizando como mecanismo el “direccionamiento de las obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz” a favor del “Grupo Báez”.
En este sentido, afirmó que Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Nelson Periotti “se agruparon para cometer delitos, prepararon las condiciones y los ejecutaron a lo largo de 12 años, a partir de distintos aportes realizados tanto desde el sector público como privado”.
Uno por uno, los cinco argumentos clave que la fiscalía pide revisar a la Corte
- Cuestión federal e interés institucional: La fiscalía sostiene que la sentencia afecta el debido proceso y compromete la responsabilidad internacional de Argentina al no cumplir con tratados anticorrupción.
- Interpretación de la asociación ilícita: Se critica que la Cámara de Casación aplicó una interpretación “irrazonable” de la figura de asociación ilícita, desvirtuando su sentido legal.
- Uso del “delito continuado”: La fiscalía argumenta que la figura de “delito continuado” fue usada incorrectamente para justificar que hubo un único esquema delictivo, afectando la aplicación de la asociación ilícita.
- Principio de “in dubio pro reo”: Se cuestiona que se vieron favorecidas indebidamente las absoluciones sin una evaluación lógica de las pruebas. El recurso denuncia que se excluyeron arbitrariamente las declaraciones de “arrepentidos” en la causa Cuadernos, afectando la valoración de responsabilidades.
- Arbitrariedad en la sentencia: Se señala que la sentencia incurre en múltiples causales de arbitrariedad, incluyendo la omisión de analizar pruebas clave y la aplicación de criterios contradictorios.
