El Gobierno tomó con desconcierto la decisión de la Corte Suprema de impedir la llegada de Ariel Lijo y cuestionó el voto de Manuel García-Mansilla. El Ejecutivo esperaba que el máximo tribunal aprobara el pedido de licencia del juez federal y recibió la resolución con sorpresa.
La Casa Rosada no estaba al tanto de la decisión del académico que fue designado como juez supremo a través de un decreto en comisión y niega que su voto esté alineado con los intereses del oficialismo. “Lo que quiere el presidente es que Lijo llegue a la Corte de la forma que sea”, expresan en Nación.
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Un sector de la mesa política de Balcarce 50 espera que el juez federal renuncie a su cargo en Comodoro Py y asuma en el tribunal supremo. Creen además que cuenta con los votos para sostener su designación en el recinto de la Cámara Alta y aseguran que lo nombrarán nuevamente en 2026 en el caso de que no consiga los dos tercios.
Lo mismo aplica para García-Mansilla. Los cercanos al Presidente buscan negociar los votos de los aliados y de los senadores del peronismo no kirchnerista que responden a gobernadores aliados. Mantienen la postura de que “Macri habla a título personal” y buscan negociar de las adhesiones de los bloques legislativos del PRO sin su participación.
El Gobierno sostiene que Lijo y García-Mansilla aceptaron semanas atrás ser designados por decreto en la Corte Suprema, más allá de las versiones que circularon de sus entornos sobre que no estaban dispuestos a asumir si se realizaba a través de esa vía. “Estuvo coordinado y nos dijeron que iban a agarrar”, expresan en Nación.
El Ejecutivo rechaza impulsar una ampliación de la Corte Suprema en el corto plazo y niega un acuerdo con el kirchnerismo. Descarta además designar a una mujer en el máximo tribunal y asegura que se cayó la posibilidad de impulsar un “Plan B” que incluya candidatos suplentes.
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Se trata de los abogados Carlos Laplacette, Alberto Bianchi, Ricardo Ramírez Calvo y el exjuez federal Ricardo Rojas. Es la lista de abogados que el oficialismo analiza designar en otros cargos. La mayoría tiene vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo, que los conoció a través de su padre, el escribano Claudio Caputo, por vínculos profesionales.
La Casa Rosada posterga además la cobertura del resto de las vacantes judiciales en el corto plazo más allá de las declaraciones de Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Abarca los 150 pliegos de jueces federales, el reemplazante de Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación. Lo mismo aplica para la Defensoría General, que ocupa Stella Maris Martínez.
