Tras el escándalo de la promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei, se confirmó la primera renuncia en el Gobierno. Se trata de Sergio Morales, quien se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores.
Morales es investigado por sus vínculos con los empresarios involucrados. Llegó a la comisión durante el segundo semestre del año pasado, tras un breve paso por la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei.
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“Enfatizo desde ya que no he cometido delito alguno y que siempre he cumplido adecuadamente mi actuación como asesor externo de esta comisión”, manifestó Morales en su renuncia. Y agregó: “Quiero evitar que la publicidad que han tenido los hechos investigados afecte la sólida reputación de este organismo de control”.
El ahora exasesor es vinculado en la investigación a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Ambos figuran como socios en City Entertainment, una sociedad de responsabilidad limitada. El dato es que Morales y Novelli ingresaron juntos a la Casa Rosada el 11 de junio pasado, según consta en los registros de ingresos y egresos de la Casa de Gobierno. Allí se reunieron con la hermana del Presidente.
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“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de Libra y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados”, manifestó el fiscal Eduardo Taiano en la causa judicial. Los implicados son investigados por los delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.
Taiano evalúa además pedir un exhorto internacional para ayudar a determinar el tiempo, modo y lugar donde se creó y lanzó el token que Javier Milei promocionó en redes sociales. Según pudo saber TN, esta medida se considerará “más adelante”, mientras la Fiscalía sigue recibiendo los informes que le pidió a distintos organismos.
El exhorto internacional es un procedimiento legal, es decir, un pedido que le hace un juez a un magistrado que se encuentra en otro país para que este avance con una medida en su nombre. Esto se realiza porque existen personas o cosas que figuran en la causa, pero que se encuentran en una jurisdicción donde el juez no tiene competencia.
Otra de las medidas que solicitó el fiscal fue el pedido de informes a organismos públicos y privados, que se relacionan con el mundo cripto. Sumado a eso, organismos como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia (IGJ) y Google ya están respondiendo a las consultas de la Fiscalía.
