Una de las causas que tiene en la mira a Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de Axel Kicillof, acusado de montar un negocio millonario con las fotomultas y la VTV, tuvo movimientos importantes el último martes tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.
El fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Massi investigan los supuestos beneficios que la gestión de D’Onofrio le habría concedido a una empresa a cargo de las fotomultas en cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.
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Se trata de la Cámara de Empresas de Control y istración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector, con 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana.
Caso D’Onofrio: investigan si el exministro de Kicillof benefició a una empresa que hacía fotomultas “truchas”
El fiscal Garganta pidió allanar esta firma, ya que tendría probado que desde el 3 de enero de 2022 efectuó fotomultas irregulares, con cámaras que no tendrían autorización para funcionar.
La Justicia tiene el dato de que en la provincia de Buenos Aires funcionan 1404 cámaras para registrar infracciones, entre fijas, en semáforos y móviles, de las que 155 fueron provistas por la empresa CECAITRA.
Para que una cámara funcione, el Ministerio de Transporte provincial debe entregar certificaciones técnicas y istrativas. Pero la Justicia obtuvo datos que marcarían que las cámaras de esta firma tenían irregularidades.
La fiscalía se valió de las declaraciones de Matías Germán Trejo, propietario de la empresa Safety Vial, que al igual que CECAITRA provee equipos para el control de tránsito.
Este hombre sostuvo ante la Justicia que las infracciones de tránsito generadas por la empresa CECAITRA siempre tramitaban a una velocidad mucho mayor que la del resto de las empresas proveedoras.
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Trejo sostuvo que las infracciones que registraban las cámaras de seguridad de su empresa recibían observaciones o tenían demoras y que, por el contrario, las de CECAITRA se tramitaban a una velocidad mayor que el resto.
Las infracciones enviadas por las empresas de las cámaras de seguridad deben ser validadas por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio.
A su vez, la Justicia también se valió de las declaraciones de integrantes de otra empresa proveedora, como TN Group.
Desde esta compañía afirmaron que la velocidad con la que se tramitan las infracciones generadas por CECAITRA obedecen al “estrecho vínculo que sus autoridades mantenían con la anterior gestión de D´Onofrio al frente del Ministerio de Transporte”.
La irregularidad radicaría en que para validar una infracción de tránsito, las cámaras deben tener una verificación primitiva y periódica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Desde TN Group sostuvieron que cuando se le solicita a este organismo la autorización de un equipo para ir a hacer infracciones, suelen pasar entre 60 y 90 días. Pero los equipos de CECAITRA comenzaban a operar en el corto plazo. La Justicia cree que no les exigían las habilitaciones del INTI para operar.
Es en este marco que el martes se produjo un allanamiento en la firma CECAITRA y en el domicilio de Bernardino Antonio García, su presidente. Se secuestró un celular que puede resultar importante para la causa.
También se llevaron documentos y papeles vinculados a las habilitaciones de equipos que dio INTI y respecto de ingresos de plata generados a través de las multas. En los papeles también buscará determinar la trazabilidad de los fondos.
Los dos casos en los que se investiga al exministro de Transporte de Kicillof
A D´Onofrio se lo investiga en dos expedientes diferentes. Uno por el negocio de las fotomultas y gestores, y otro por lavado, en el que están en la mira los contratos de VTV otorgados durante su gestión.
Ese expediente está en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde están imputados el exministro de Transporte, la exconcejal Claudia Pombo, Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo, y Héctor Marcelo Suárez Basail.
Pombo es un personaje central en esta historia. Sería el cerebro de la operación de recaudación ilegal. La Justicia investiga si ella y D´Onofrio se enriquecieron de manera irregular a través de la asignación de contratos de VTV a dos empresas y mediante el sistema de fotomultas.
En enero se realizaron allanamientos a una financiera llamada Token Capital y a una peluquería en el Sheraton de Pilar. La Justicia sospecha que parte de la plata de esos contratos se intentó lavar mediante esas empresas.
La peluquería sería de Pombo y TN reveló el domingo que Matías Yofe, de la Coalición Cívica, pidió investigar si las empleadas de esa casa de belleza son, además, empleadas fantasma del Senado bonaerense.
