El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo del juez Roberto Gallardo que prohibió a las Fuerzas Federales intervenir en el operativo de seguridad previsto para la marcha al Congreso del miércoles.
A través de la Procuración General, la gestión de Jorge Macri pidió que se revoque la sentencia de Gallardo, al que consideró “nulo” y solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso istrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para su tratamiento.
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“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir, que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando. Vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las Fuerzas Federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”, destacó el jefe de gobierno.
El recurso presentado, además, consideró improcedente la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”.
Para el gobierno porteño, el juez Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la istración en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
El lunes, el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, confirmó la participación de las Fuerzas Federales en el operativo de seguridad de este miércoles en el Congreso.
“La seguridad de los edificios nacionales y sus alrededores, así como la protección de la vida democrática, son responsabilidades exclusivas de las Fuerzas Federales. Este ministerio reafirma su compromiso con el orden, la seguridad y el respeto a la ley, y no permitirá que decisiones injustificadas afecten la protección de los argentinos de bien”, advirtió la cartera de Seguridad en un comunicado.
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Según dijo, el juez tomó “decisiones sin respaldo legal” y “ha sobrepasado los límites de su rol con una clara intención política, interfiriendo en tareas exclusivas del Poder Ejecutivo y obstaculizando la labor de las Fuerzas Federales en la protección de los ciudadanos”.
“La denuncia lo recusa por parcialidad y prejuzgamiento, apela la medida cautelar, plantea la nulidad y objeta su competencia para intervenir. Sus fallos han puesto trabas a las políticas de seguridad y limitado la capacidad de acción del Estado, evidenciando una inclinación en favor de ciertos sectores, lo que pone en duda su imparcialidad. Por este motivo, hemos solicitado que los organismos competentes revisen su accionar y adopten las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la justicia”, agregó en un comunicado.
