La causa que investiga al exministro de Transporte bonaerense Jorge D‘Onofrio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a través de supuestos negocios irregulares con la VTV y las fotomultas, podría sumar un elemento inesperado.
El dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, hizo una presentación ante el juez Alvaro Gonzalez Charvay para que se investigue una cancha de fútbol a través de la cual se podrían haber lavado dinero de los contratos irregulares que Transporte firmó con la empresa Franutec S.A.. Esta firma recibió la adjudicación de las zonas 5,9 y 16 de la provincia de Buenos Aires, es decir, los partidos de Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, entre otros.
Uno de los directivos de Franutec S.A. es Cristian Germán Ojeda, dueño, a su vez, de la financiera Token Capital, que fue allanada en enero pasado. Este hombre también es propietario de unas canchas de fútbol en donde funciona una peña de Boca Juniors. El complejo está ubicado en la calle Belgrano al 1200.
Caso D‘Onofrio: piden investigar una cancha de fútbol que se usaría para lavar plata de contratos de la VTV
Según Yofe, esas canchas se podrían haber utilizado para canalizar buena parte de los fondos que la empresa Franutec le pudo haber abonado a D‘Onofrio y la concejal Claudia Pombo en concepto de coimas a cambio de los contratos de la VTV.
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A su vez, la Coalición Cívica también pide colocar la mira en Natasha Natural Migueles, pareja de Ojeda, que posee un showroom llamado “NatSheti” ubicado en la Avenida del Golf al 1500.
“Llama la atención la cantidad de salidas del país de Cristian German Ojeda y Natasha Natural Migueles, en sus redes sociales, pude registrar viajes ostentosos, a destinos costosos, con autos de alta gama”, expresó el dirigente en su requerimiento al juez.
En este caso, la Justicia no solo investiga la supuesta maniobra irregular de asignación de contratos de la VTV sino también donde se pudieron haber derivado los fondos ilícitos. En este punto están en la mira una financiera (Token Capita); una peluquería vinculada a la exconcejal Pombo (HairSpray) y ahora se sumó el pedido para investigar las canchas de fútbol.
La otra pata de la investigación del caso D‘Onofrio: el supuesto negocio de las fotomultas
El caso D‘Onofrio está dividido en varios expedientes. Además de los negocios con la VTV, también se investiga un supuesto negocio millonario con las fotomultas. Allí hay dos expedientes abiertos.
Uno es el que llevaba adelante el juez Juan Manuel Culotta, que en febrero pasado allanó 11 municipios, entre los que se encuentran La Matanza, General Rodríguez, Zárate, Roque Pérez, entre otros. Estas jurisdicciones están en la mira por los convenios que firmaron con la Universidad Nacional de San Martín, vinculados al sistema de cobro de multas por infracciones de tránsito.
Según el testimonio de Pablo Javier Sanguinetti, Director Provincial de Apoyo y Coordinación Técnica istrativa de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de PBA, de lo recaudado por las fotomultas un 80% debe ir a los municipios y un 20% a la provincia.
Este hombre señaló, a su vez, que del 80% que corresponde a las intendencias o las empresas prestadoras del servicio de cámaras como TRANSITO SEGURO o la firma SECUTRANS de Leandro Camani, un importante porcentaje de esos fondos se desviaban a la Universidad Nacional de San Martín y su fundación pese a que no se encontraban en el registro de proveedores. Así se habrían enviado a esa casa de estudios más de $1900 millones en 2024.
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La Justicia investiga si después de cobrar ese dinero la Universidad luego se lo giraba a la empresa Secutrans y Transito Seguro. La primera tiene contratos importantes en municipios como Hurlingham, General Pueyrredón y San Isidro. Los investigadores están detrás de esta intermediación y de los contratos que firmaron estas empresas.
A su vez, hay otro expediente que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Massi, en el que investigan los supuestos beneficios que la gestión de D‘Onofrio le habría concedido a una empresa a cargo de las fotomultas en cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de la Cámara de Empresas de Control y istración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector, con 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana.
El fiscal Garganta pidió allanar esta firma, ya que tendría probado que desde el 3 de enero de 2022 efectuó fotomultas irregulares, con cámaras que no tendrían autorización para funcionar.
Desde CECAITRA le dijeron a TN que cuando se instalaron esas cámaras la reglamentación era diferente a la actual, lo que no las convierte en equipos que estén operando de manera ilegal y que están a total disposición de la investigación.
