La Justicia Federal del Chaco citó a declarar como imputada a Marta Soneira, exfuncionaria del gobierno de Jorge Capitanich, acusada de fraude a la istración pública e incumplimiento de deberes de funcionaria pública.
La medida fue solicitada el lunes por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien investiga la causa de supuesta corrupción que involucra al detenido dirigente piquetero Tito López, su familia y su círculo íntimo.
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El clan, conocido por liderar el “Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio”, enfrenta cargos por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación al Estado. La investigación ahora se extendió y compromete a funcionarios de alto nivel.
Según la pesquisa, Soneira habría facilitado la entrega exprés de más de 3.000 hectáreas de tierras fiscales al clan López, sin pedir los requisitos legales que exige la Constitución del Chaco o la Ley de Tierras: ni antecedentes, ni capacidad productiva, ni registros fiscales.
La Justicia investiga esta supuesta adjudicación irregular y quiere conocer los motivos por los que esta exfuncionaria cedió las tierras.
El pedido de indagatoria también se extiende para los exfuncionarios Raúl John Paris, Walter Ferreyra y Cintia Kaplan.
Quién es Tito López y cómo operaba el complejo entramado de entrega de tierras
En septiembre de 2024, Ramón Alberto “Tito” López, el líder piquetero fue detenido y acusado de haberse apropiado de 3000 hectáreas de campo de una empresa de origen italiano y de unas 800 cabezas de ganado.
López fue señalado en la provincia como el sucesor de Emerenciano Sena. Ahora la Justicia investiga si fueron cedidos por Soneira en clara violación de la normativa vigente.
En los últimos días fue detenido un hombre su extrema confianza, Fernando Adrián Ayala, quien fue coordinador de movimientos sociales y que, junto a su mujer, María José Reinau, están acusados de integrar una organización dedicada a lavar dinero y generar facturas truchas.
Además de Ayala y su mujer, otro de los personajes fundamentales en esta historia es Walter Pasko, el contador de la banda. Él, con ayuda de su esposa, Diana Yael Daniel, abogada, habría sido responsable de captar a diferentes clientes para robarles el CUIT y realizar facturas truchas para generar crédito fiscal espurio, pagar menos impuestos y facturar por servicios o bienes que no existían.
Esto último habría ocurrido principalmente en perjuicio del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un ente autárquico que funcionó durante el último gobierno de Jorge Capitanich.
Este tenía como principal objetivo el financiamiento de obras para la construcción y refacción de viviendas populares. La sospecha de la Justicia es que la mayoría del dinero de esta banda provenía de los fondos del IAFEP.
La causa se inició en 2022 a raíz de diferentes denuncias de los propios clientes de Pasko, que al percatarse de movimientos extraños en su facturación recurrieron a la Justicia. Como parte de la investigación, se le secuestró el celular a Ayala. En el peritaje que realizó Gendarmería Nacional, en el teléfono se encontraron videos donde se ve a Ayala en su domicilio contando dinero que recibía en bolsos y mochilas de parte de otras personas.
La causa involucra un entramado de cooperativas y relaciones políticas que se vinculan con otros expedientes por corrupción que hay en la Justicia de Chaco.
Además de la estafa a sus propios clientes para robarles el CUIT, Pasko manejaba una serie de cooperativas que no registraban actividad y que utilizaban las facturas truchas con distintos organismos del gobierno de Chaco.
El IAFEP fue el principal, pero también trabajaban con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, el Ministerio de la Producción y con cinco municipios de la provincia.
