El Gobierno mantendrá los controles de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar personas tras el virtual blanqueo por más de US$150.000. El Ejecutivo asegura que no le recortará atribuciones al organismo que se encarga de seguir la trazabilidad de los fondos para evitar sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Se trata del área que preside el exfiscal Paul Starc, que tiene a cargo la realización de informes de inteligencia financiera a raíz de alertas sobre los Reportes de Operaciones (ROS) -que presentan los sujetos obligados- y de las denuncias de particulares. Tiene la función de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y cuenta con las opciones de imponer sanciones y entregar la documentación a la Justicia.
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La UIF cuenta con un presupuesto de $8162 millones, una planta de 243 personas y tiene a cargo 10 direcciones: Régimen istrativo Sancionador, Análisis, Gestión Documental, Supervisión, Coordinación Internacional, Asuntos Jurídicos, Litigios, Gestión de Recursos, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Coordinación de Agencias Regionales (Central, Pampeana, Litoral y Norte).
La Casa Rosada sostiene que el anuncio de la medida sobre el uso de dólares está previsto para el “cortísimo plazo” y reconoce que el texto lo está trabajando solo el equipo económico y jurídico del ministro de Economía, Luis Caputo. El borrador no llegó todavía a la secretaría de Legal y Técnica -que preside María Ibarzabal- ni al resto de las unidades de chequeo.
La iniciativa no pasará por el Congreso y será oficializada a través del boletín oficial. El marco jurídico sobre el que preparan modificaciones abarca a las leyes de Prevención del Lavado de Activos (25.246), Régimen Penal Cambiario (19.359) y Penal Tributaria (24.769), que establece penas de tres a nueve años en caso de evasiones por montos mayores a los $4.000.000.
En Nación hay sectores que mencionan la posibilidad de que la libre utilización de dólares no declarados puede llegar hasta los US$200.000. Los cambios en la normativa contemplan una desregulación en las penalidades sobre los ingresos no justificados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida no contiene la habilitación del uso de dólares para el pago de impuestos.
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En su última revisión, el GAFI le recomendó al Gobierno que mejore los niveles de “comprensión de los riesgos del lavado de dinero proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales”, y manifestó que enfrenta riesgos de lavado de dinero por el narcotráfico, la evasión fiscal, la corrupción, el contrabando, el fraude y la trata de personas.
El organismo sugirió además que el Ejecutivo eleve “la cooperación y proporcione más cohesión al enfoque de todas las autoridades relevantes, incluidas la UIF, las AOP, las direcciones de inteligencia y el Poder Judicial”. Según el último informe del INDEC, los dólares que están afuera del circuito financiero se estiman en alrededor de $250.000 millones.
