El Gobierno estudia alternativas para prorrogar las facultades delegadas por decreto. Se trata de las atribuciones que el Ejecutivo consiguió a través de la Ley Bases en términos istrativos, económicos, financieros y energéticos por el plazo de un año luego de la promulgación de la norma en el boletín oficial. El vencimiento se concretará el 8 de julio de este año.
Los equipos técnicos de la Casa Rosada están analizando variables jurídicas para prolongar las facultades por al menos tres meses. Se trata del marco que habilita a Nación a realizar la reforma del Estado, que incluye la eliminación, fusión y transformación de organismos públicos. Lo mismo aplica para las empresas públicas y para los fondos fiduciarios.
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En Balcarce 50 reconocen que es muy probable que la medida termine en la Justicia en caso de oficializarse, pero mantienen la postura de que está “bajo análisis”. El artículo 76 de la Constitución Nacional establece que la delegación legislativa debe estar en los términos de un “plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
La mesa política del oficialismo cree que son bajas las posibilidades de lograr acercar posiciones con los bloques aliados en Diputados y en Senado para ampliar el plazo de aplicación de las facultades extraordinarias mediante un proyecto. Manifiestan además que no planean reactivar el Congreso antes de las elecciones de mitad de término. “No estamos en condiciones de llegar a ese tipo de acuerdos”, agregan.
Es por eso que buscan prorrogar las atribuciones a través de otras vías. Se trata de una estrategia similar a la que aplicó el Gobierno con el DNU 179/2025, que habilitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue solo validado por la Cámara de Diputados. El oficialismo citó el artículo 99 de la Constitución Nacional en los considerandos del texto.
Este dispone que "el presidente podrá dictar decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) mientras no se trate de materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos" en circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios. La norma agrega que el jefe de gabinete deberá presentar la medida dentro de los próximos diez días en la Comisión Bicameral Permanente del Congreso -que preside el senador de LLA Juan Carlos Pagotto- para que lo someta a tratamiento.
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El Ejecutivo citó también interpretaciones de la Corte Suprema sobre la excepcionalidad, que definió como los casos en que “la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes” en la causa “Verocchi” (fallos 322:1726). En caso de avanzar con la ampliación del plazo de las facultades por decreto, el oficialismo deberá blindar su tratamiento en el Congreso.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene en carpeta una serie de medidas que requieren de las atribuciones delegadas: abarca la eliminación de 24 organismos, la fusión de 15 estructuras y la transformación de 16 junto con la derogación de más de 40 leyes. Nación prepara además la disolución de todos los fondos fiduciarios, con excepción del que funciona para los Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
