El Procurador Eduardo Casal pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que eleve a 12 años la pena contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y corrupción en la causa Vialidad.
En abril, la Corte solicitó al Procurador que determine si correspondía revisar la pena de 6 años de prisión o elevarla a 12 años por el delito de asociación ilícita, como había pedido el fiscal de Casación, Mario Villar.
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Casal cuestionó las absoluciones por el delito de asociación ilícita, al sostener que “lo propio de la figura es que la efectiva preparación de un plan no agote los fines de la asociación, los cuales desbordan el plan concreto para dirigirse, sin total y detallada previsión, a otros hechos distinto”.
En este caso, aseguró el procurador, “esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados, pues cuando el grupo se constituyó no se acordó “un catálogo detallado de cuáles iban a ser las conductas concretas 4 que se ejecutarían para cumplir con los fines defraudatorios”.
“No es que se hubiera efectuado un listado indicativo de cuánto dinero se quería sustraer de las arcas del Estado de las obras viales a ejecutar, precisando cómo se llevarían a cabo las licitaciones, cómo se justificarían los sobreprecios que se constataron, cómo se efectuarían los pagos, ni en general las numerosas ilegalidades constatadas”, sostuvo el dictamen.
En otro punto del dictamen, Casal aseguró que también deben ser revocadas las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro.
Para el jefe de los fiscales, el exministro de Planificación “no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”.
Asimismo, Garro “conocía en detalle el plan para otorgar en forma fraudulenta contratos de obra pública a Austral Construcciones, y que ese conocimiento habría sido, con toda probabilidad, la razón por la cual se lo promovió al cargo de presidente de vialidad provincial, desde el cual realizó los actos que sí constituían el núcleo de la imputación”.
Dichos funcionarios, sostiene el documento, dictaron “numerosos actos istrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios” para que la empresa de Lázaro Báez fuera el único contratista de obra vial.
A Báez “no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables”.
Con este dictamen, que no es vinculante, la decisión final depende del máximo tribunal.
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Previamente, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la apelación de Cristina Kirchner al sostener que “los recurrentes no han cumplido con el requisito de refutar todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales invocadas, como así tampoco han logrado demostrar que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales referidas y lo debatido y resuelto en el caso”.
Tras la decisión de Casación, la expresidenta, representada por Carlos Beraldi, presentó un pedido de absolución ante la Corte Suprema y pidió que revierta la pena a seis años de prisión por “irregularidades” en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.
