La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner de ser sobreseída en la causa conocida como la ruta del dinero K.
El mismo día donde se confirmó la condena a 10 años de prisión al empresario Lázaro Báez, el máximo tribunal rechazó la pretensión de Fernández de Kirchner porque el reclamo se hizo contra una sentencia que no está firme.
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Se trata de un expediente donde la exvicepresidenta sigue siendo investigada por este caso y que se inició cuando el juez Sebastián Casanello dictó su falta de mérito, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal.
En 2022, la defensa de Kirchner pidió su sobreseimiento, pero retiró el planteo ante la posibilidad de una respuesta negativa de la Cámara Federal.
En 2023, el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo: “No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”.
El fiscal relató la “entrañable cercanía, vínculo y amistad” con el matrimonio presidencial, pero afirmó que eso no le alcanzaba para avanzar en el proceso, sobre todo tras el fallo de Casación, y promovió su sobreseimiento. El juez hizo lugar al pedido.
Pero tras el dictamen de Marijuan, la asociación civil Bases Republicanas buscó ser parte de la causa. Casanello rechazó el pedido porque la causa tenía más de 10 años de trámite, pero la Cámara Federal aceptó a esa entidad en el expediente y luego revocó el sobreseimiento de la expresidenta. La decisión fue ratificada en Casación.
La defensa de Cristina Kirchner llegó en queja a la Corte Suprema y sus pedidos fueron rechazados este jueves por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La medida principal en esta causa es determinar si los fondos que Báez reingresó a sus empresas desde Suiza pudieron haber tenido como destino final a Cristina Kirchner, a sus familiares o allegados a sus empresas.
La condena a Lázaro Báez
Báez fue condenado por el delito de “lavado de activos agravado” de US$55 millones entre 2010 y 2013, a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
Por falta de acuerdo, la Corte debió llamar a conjueces para decidir en este caso y fueron sorteados Mariano Lozano, juez de la Cámara Federal de General Roca, y Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes.
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.
Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
Luego se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Además del capítulo conocido como “La Rosadita, el tribunal entendió acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado por calle Av. Del Libertador) por Leonardo Fariña.
