El Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y de Eduardo Castro, condenados en la causa conocida como “La ruta del dinero k”.
El juez Néstor Costabel notificó a los condenados a que “se presenten el próximo día lunes 2 de junio de 2025, a las 10:30 horas, para hacer efectivas sus detenciones”.
La medida fue solicitada por el fiscal Abel Córdoba para que sean detenidos y luego alojados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
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El pedido se da luego que la Corte Suprema de Justicia confirmó el jueves sus condenas por el delito de lavado de activos. Ninguno de ellos estuvo preso antes, motivo por el cuál ahora deberán cumplir la condena.
El juzgado deberá ahora analizar la situación de cada uno, ya que varios presentaron certificados médicos para cumplir la condena bajo el esquema de prisión domiciliaria.
Además, muchos tienen más de 70 años, lo que habilita a la justicia a otorgar el beneficio.
Los empresarios fueron condenados por tener distintos grados de participación en la maniobra que permitió a Lázaro Báez a lavar 55 millones de dólares a través de la financiera S.G.I, popularmente conocida como “la rosadita”.
La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa PPT de Jorge Lanata en donde se aseguraba que el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.
El programa incluyó las declaraciones de Federico Elaskar y de Leonardo Fariña, en una cámara oculta.
El juez Casanello ordenó en abril del 2016 la detención de Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que fugara. En aquel momento también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, cuando huyó hacia Paraguay.
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.
Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
Luego se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Finalmente, la Corte Suprema confirmó la condena por lavado de activos este jueves.