A dos años del crimen de Cecilia Strzyzowski, que marcó el fin del todopoderoso clan Sena y del mandato de su socio político, el ex gobernador Jorge Capitanich, surge el dilema sobre qué consecuencias trajo para Chaco este sistema de construcción de poder basado en la asociación ilícita entre el Estado y las organizaciones sociales. La respuesta es tan sencilla como obscena: tras 12 años de gobierno, Capitanich dejó una provincia pobre, con políticos y piqueteros ricos.
Caído el clan Sena, que se encuentra detenido desde 2023 a la espera del juicio por el asesinato de Cecilia Strzyzowski (quien era pareja del hijo del matrimonio piquetero y principal sospechoso del crimen, César Sena), el poder económico y territorial chaqueño se fragmentó y dividió en una veintena de organizaciones sociales.
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La segunda línea piquetera que ascendió para llenar el vacío de poder que dejó el otrora poderoso Emerenciano Sena, se distribuía entre cuatro líderes barriales que manejaban una veintena de cooperativas y fundaciones que tenían preferencial a las transferencias millonarias del Instituto de la Agricultura Familiar y la Economía Popular (IAFEP), para la construcción de viviendas sociales en tierras fiscales.
Las viviendas no se construyeron. En su lugar, se edificaron salones de fiesta para alquiler o galpones para estacionamiento de la flota de autos, camionetas y motos de alta gama que adquirían con los subsidios, que fluían de a millones desde el ente autárquico, intervenido por el gobierno de Leandro Zdero.
