El Gobierno aprobó este miércoles la implementación de un nuevo “Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud” (PROMESA), una herramienta alternativa que permitirá resolver reclamos de s del sistema de salud antes de acudir a la Justicia.
Lo hizo a través del decreto de necesidad y urgencia 379/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y todo su gabinete.
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La medida apunta a agilizar la atención de conflictos con prestadores médico-asistenciales, reducir la litigiosidad y optimizar los recursos del sistema. PROMESA será una instancia optativa, confidencial y de bajo costo, que entrará en vigencia 60 días después de su publicación, es decir, a comienzos de agosto.
“El procedimiento se regirá por los principios de voluntariedad, celeridad y confidencialidad, ofreciendo a los ciudadanos una opción menos costosa y más eficaz para resolver sus conflictos en salud”, indica el texto oficial. Las partes deberán asistir a las audiencias con patrocinio o representación letrada, aunque se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes no puedan afrontarlo.
Según el DNU, el Ministerio de Justicia será el encargado de coordinar la implementación, en articulación con el Ministerio de Salud, que podrá participar en determinados casos para facilitar acuerdos. La mediación se llevará adelante con plazos breves, de entre 5 y 7 días, tanto para la intervención del mediador como para la realización de las audiencias.
El Ejecutivo también invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer procedimientos similares en sus jurisdicciones, respetando los principios de PROMESA.
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En los considerandos del DNU se justificó la medida sobre la base de la creciente judicialización de la salud: entre 2022 y 2024, los amparos en los que intervino el Ministerio de Salud se incrementaron un 471,79%. Solo en 2023, se había registrado un aumento del 20,62% respecto al año anterior.
