Durante el kirchnerismo Lázaro Báez fue el verdadero "zar de la obra pública" en Santa Cruz, ya que en ese período recibió casi el 80% de los contratos viales, a pesar de que en un 50% no terminó. "Había que destruirme e inventarme causas", se quejó ayer el empresario K -detenido desde hace más de ocho meses por lavado- al presentar un escrito en la Justicia en la causa en la que se lo investiga por evasión de aportes de sus empleados por $ 33 millones.
Un informe que Vialidad Nacional hizo a pedido de la justicia derrumbó el reciente argumento de Báez: de acuerdo al organismo el empresario recibió contratos viales U$S 3.082 millones de dólares, con el ajuste de inflación a la fecha. Se trata de 52 contratos en total, por los que se pagaron U$S 1000 millones en sobreprecios, según las estimaciones de la institución.
El organismo elaboró el documento a pedido del juez federal Julián Ercolini, que investiga al empresario y a la expresidenta Cristina Kirchner, entre otros, por una supuesta "matriz de corrupción" en la obra pública, direccionada a favor del enriquecido empresario K.
En su denuncia inicial y posterior ampliación, Vialidad Nacional indica que las empresas del conglomerado de Báez, el Grupo Austral, se crearon para "defraudar al Estado Nacional" a través de procesos licitatorios "espurios, convalidando sobreprecios escandalosos y asignando circuitos istrativos de pago de excepción", de acuerdo a Clarín.
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A pedido de Ercolini, el director del organismo Javier Iguacel actualizó los números de las contrataciones que fueron otorgadas a Báez, que sube a U$S 3.082 millones de dólares en contratos viales para el el entonces zar de la obra pública K, con un sobreprecio de un tercio de esa enorme cifra, U$S 1.000 millones por obras inconclusas en Santa Cruz.
Para el organismo hubo "manipulación discrecional en los procesos licitatorios" con la "connivencia del Estado", avalando "pagos indebidos por trabajos que no se ejecutaron" y que, en consecuencia, se emitieron "certificaciones de obra falsos".
Semejantes números se tradujeron obviamente en un impactante aumento de la fortuna de Báez: a la fecha el Tribunal de Tasaciones de la Nación le atribuye $ 2.250 millones sólo en propiedades, cifra que la Justicia cree que podría alcanzar los $ 3.300 millones.
Todos estos multimillonarios números forman parte de la causa que investiga una posible matriz de corrupción en la obra pública, que de acuerdo a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques -impulsores de la denuncia- se trató de un "plan criminal" para beneficiar al empresario K.
La causa
En la ampliación del caso, Pollicita y Mahiques se centraron en tres puntos. En primer lugar indicaron que el Presupuesto -tanto de los gobiernos de Néstor como de Cristina- se amplió para otorgar a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mayores partidas de fondos y, en el caso de Santa Cruz, para que este organismo contratara al amigo y socio de los expresidentes.
Los fiscales denunciaron además que los millones que recibían las empresas del Grupo Báez fueron reforzados por decretos de necesidad y urgencia que fijaban reasignaciones presupuestarias. Pollicita y Mahiques consideraron que durante el kirchnerismo hubo una "decisión en lo más alto del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos a Báez, que paralelamente le garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros".
Los funcionarios judiciales aseguraron que para poder hacer estas maniobras los Kirchner colocaron a personas de su extrema confianza en cargos clave del Ejecutivo y del Ministerio de Planificación Federal. Entre los acusados está el primo del expresidente, Carlos Santiago Kirchner.
