Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez son los principales procesados y embargados en el caso en el que se investiga el presunto direccionamiento discrecional de la obra pública para enriquecer al empresario, que recibió US$ 2.200 millones durante las gestiones K. Los involucrados negaron las acusaciones, apelaron la medida y recibieron una fuerte respuesta de los investigadores.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, impulsores de la causa, ratificaron que hubo una "operatoria criminal" y que se "montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos" que benefició al empresario "con el 80% de los contratos viales", recordaron los investigadores. Así rechazaron el argumento de "persecución política" y el peritaje de toda la obra pública desde 2003 que había pedido Báez.
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Punto por punto, el rechazo de los fiscales a las apelaciones
Los investigadores hablaron de "argumentos comunes" en las apelaciones que hicieron los principales procesados en la causa y los refutaron. Cristina, De Vido, López y Báez habían hablado de "decisiones políticas no judiciables" por tratarse de atribuciones del Poder Ejecutivo y de facultades otorgadas por la Constitución.
En este sentido, Pollicita y Mahiques ratificaron que hubo una "operatoria criminal" a través del Poder Ejecutivo y de los organismo públicos con intervención en la obra pública que montaron "una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".
Los fiscales aclararon que nunca pretendieron poner en duda la facultad del Poder Ejecutivo para realizar presupuestos, promulgar leyes ni introducir al fuero penal las decisiones políticas o macroeconómicas. "Lo que sucede es que todas estas acciones fueron el andamiaje sobre el que se erigió la maniobra investigada, parte central y necesaria del plan ideado para sustraer fondos del Estado ocasionando un perjuicio millonario a éste", indicaron en el escrito, de acuerdo a Clarín.
Aunque Cristina negó que Báez sea "amigo" los funcionarios "sistema de beneficios y prebendas" en favor del grupo empresas propiedad "del amigo de la familia presidencial". En este sentido rechazaron el planteo de los procesados en relación a que se intentaría juzgar "decisiones políticas", ya que consideran que los exfuncionarios "usaron sus atribuciones en contra del interés de la istración pública".
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La exPresidenta y el exministro de Planificación rechazaron la auditoría de Vialidad Nacional al asegurar que no hubo "sobreprecios" ni "asignación discrecional" a favor de Baéz, e insistieron en que se realizara un peritaje completo de toda la obra pública desde 2003. Los fiscales rechazaron el pedido al igual que el juez de la causa, Julián Ercolini, ya que consideraron que este reclamo busca "correr el eje" de la investigación.
Pollicita y Mahiques respaldaron la auditoría de Vialidad e indicaron que el informe mostró "la ausencia total de controles" sobre los proyectos que tuvo el Grupo Austral y que determinó que hubo un "marcado desinterés por su realización en tiempo y forma".
