La AFIP pedirá que el empresario K Cristóbal López, su socio Fabián de Sousa y el extitular del organismo Ricardo Echegaray vayan a juicio oral por la deuda de más de $ 8 mil millones al Estado durante el kirchnerismo, por la falta de pago del Transferencia de los Combustibles (ITC) a través de la petrolera Oil Combustibles. La presentación será por el delito de defraudación al Estado, a pesar del cambio de carátula que dispuso la Sala I de la Cámara Federal porteña (retención indebida de tributos).
La presentación del organismo a cargo de Leandro Cuccioli, querellante y denunciante en la causa, será en momentos en que el máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación, revisará el fallo que liberó a los empresarios y que atenuó su situación judicial.
El organismo recaudador además iniciará una acción civil por daños y perjuicios a López, De Sousa y Echegaray para que respondan con sus bienes por la deuda que el fisco le reclama a la petrolera Oil y al resto de las empresas del Grupo Indalo, que asciende a los $ 17.000 millones entre capital, intereses, multas y punitorios, como anticipó tn-ar.noticiasalagoanas.com.
El pedido de elevación a juicio que hará la AFIP será después de que el juez federal Julián Ercolini determinara que la etapa de instrucción se encuentra "completa" y que corriera vista a la querella (o sea, la AFIP) para luego hacer lo propio con el fiscal federal Gerardo Pollicita. El reclamo del la institución será por el delito de defraudación al Estado, consigna Clarín.
Actualmente el fallo de Cámara que benefició a López y a De Sousa está bajo revisión de Casación, que analiza el fallo de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah (que se pronunciaron a favor de los empresarios y de Leopoldo Bruglia (que votó en contra). En su resolución, Ballestero y Farah cambiaron la acusación de "defraudación contra la istración pública" a "apropiación indebida de tributos". Además revocaron las prisiones preventivas de López y De Sousa.
Aunque confirmaron parcialmente los procesamientos (entre ellos el de Echegaray) los jueces resolvieron que los acusados debían ser investigados por delitos tributarios. La resolución es investigada por la Sala I del tribunal, integrada por Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, que también analizan el pedido para detener a Echegaray que hizo el fiscal ante la Cámara Germán Moldes.
La causa
La deuda impositiva por que son investigados López y De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles, del Grupo Indalo, percibía pero no transfería a la AFIP, durante el kirchnerismo.
La maniobra habría abarcado originalmente un monto cercano a los $ 8.000 millones aunque actualmente casi se duplicó: se calcula que la deuda asciende a los $ 17.000 millones, entre capital, intereses, multas y punitorios.
