La Corte Suprema aceptó el pedido de per saltum de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el magistrado Germán Castelli, analizará sus casos y dejó en suspenso los desplazamientos. Se trata de tres jueces que investigaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además le ordenó al Consejo de la Magistratura no cubrir los cargos hasta que resuelva la cuestión de fondo.
La Corte Suprema declaró la isibilidad del per saltum. Tenían tres decisiones: rechazar el pedido de los jueces; itirlo y reponerlos en su cargo o disponer el estudio del caso sin resolver la cuestión de fondo. La discusión despertó preocupación en un amplio sector de la población y se produjo en medio de una fuerte tensión política.
Al aceptar el per saltum el máximo tribunal suspendió por el momento los traslados de Bertuzzi, Bruglia y Castelli, aunque aclaró que eso no implica expedirse sobre la cuestión de fondo. El fallo indica: “Sin que implique pronunciarse sobre el fondo de la cuestión sometida a este tribunal, se declara isible el recurso extraordinario por salto de instancia, con efecto suspensivo de la sentencia recurrida”.
El encuentro especial de este martes tuvo una modalidad mixta: el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y los ministros Juan Carlos Maqueda; Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti discutieron la cuestión desde el propio Palacio de Tribunales, aunque la jueza Elena Highton de Nolasco lo hizo de manera remota. En las inmediaciones del Palacio de Tribunales, un grupo de manifestantes reclamaron que se rechazara el intento del oficialismo de remover a los jueces que investigan casos de corrupción.
El caso despertó una fuerte tensión política. Hubo pronunciamientos al respecto del expresidente Mauricio Macri, que pidió que el máximo tribunal “falle a derecho sin presiones” y del propio Alberto Fernández, que repudió la protesta y movilización a la casa de Lorenzetti en Rafaela, Santa Fe.
Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal en Comodoro Py y durante la gestión de Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción. Entre otros delitos federales, estos juzgados tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas.
Por su parte, Castelli pasó de un tribunal oral de San Martín a uno oral federal de la Capital. El oficialismo cuestionó el traslado de un total de diez jueces durante la gestión de Cambiemos, al argumentar que se decidieron sin cumplir una serie de requisitos necesarios. Entienden que no se respetaron las jurisdicciones, las competencias ni las jerarquías, y que faltó la aprobación del Senado. Por eso, es ese cuerpo legislativo el que ahora los podría devolver a su lugar de origen.
El kirchnerismo impulsó la medida primero desde el Consejo a la Magistratura, donde se aprobó -con rechazo de Juntos por el Cambio- la revisión de traslado de diez jueces durante el gobierno de Macri por plantear que hubo irregularidades, como la falta de acuerdo de la Cámara alta. La revisión pasó al Senado, que rechazó tres de esos traslados, y el Presidente oficializó la medida por decreto. Aunque con su decisión la Corte frenó los traslados.
El fallo de la Corte que acepta el per saltum de los jueces
