La Justicia recibió la advertencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre operaciones en el país de una organización presuntamente vinculada al grupo islámico chiita Hezbollah. El juez Miguel Guerrero, a cargo del Juzgado Federal de la ciudad misionera de El Dorado, resolverá en los próximos diez días qué hacer con el congelamiento de bienes y dinero que el organismo de control impuso sobre el Clan Barakat. El magistrado definirá además cómo seguirá la investigación sobre las irregularidades detectadas en el casino HCI de Iguazú, en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
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El Clan Barakat, al que la UIF le congeló dinero, está liderado por un hombre relacionado con Hezbollah llamado Assad Ahmad Barakat. El grupo opera en la galería Uniamérica, ubicada en Ciudad del Este.
El organismo de control detectó que los del clan habrían cobrado en el casino HCI supuestos premios por más de US$ 10 millones. Al advertir que en el lapso de un año se registraron 620 ingresos al país de 14 integrantes de la organización, las autoridades verificaron que no habían declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. Las alertas surgieron del intercambio de información sobre lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo.
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El congelamiento impuesto por la UIF surgió de un seguimiento que impulsó el Gobierno en colaboración con los Estados Unidos. Según pudo saber TN, durante una reunión entre las autoridades de Seguridad de ambos países los funcionarios estadounidenses le reclamaron a la istración de Mauricio Macri seguir de cerca el presunto circuito de financiamiento que existe entre Medio Oriente y la Triple Frontera.
El acercamiento de la Argentina a los Estados Unidos incluyó un acuerdo de cooperación entre la UIF y la Fincen, el organismo equivalente en ese país. Por eso, las autoridades accedieron a información del Departamento del Tesoro estadounidense para llevar adelante la investigación.
Con las advertencias que aportaron los Estados Unidos y otras agencias de inteligencia financiera, el Gobierno resolvió congelar los fondos ante la sospecha de que podrían tener origen ilícito y una vez fuera del país ser transferidos por la organización a Hezbollah.
