Desde que puso un pie fuera de la Casa Rosada, el camino que le siguió a Cristina Kirchner fue el de ida a Comodoro Py. Desde que dejó el poder, la Justicia la investiga en múltiples causas de corrupción y le dictó embargos, procesamientos e indagatorias.
Mucho se especuló con la posibilidad de que algún juez federal firme una orden de detención sobre la exmandataria. Cristina está comprometida en siete causas judiciales. En muchos de estos procesos las chances de que sea detenida, al menos durante 2017, son nulas. En otras, el panorama es más complejo.
Por ahora, Cristina Kirchner está procesada en dos causas. En ambos casos, los jueces Julián Ercolini (asociación ilícita) y Claudio Bonadio (dólar futuro) dijeron que no le dictaron prisión preventiva porque no hay riesgo de fuga. De no cambiar esta decisión, y no darse ningún hallazgo inesperado, la expresidenta sólo podría quedar detenida mediante una condena de prisión efectiva.
Corrupción en el otorgamiento de la obra pública
La causa más importante, por la que podría llegar a ir presa, es en la que fue procesada la última semana de 2016 por asociación ilícita. Este expediente podría llegar a juicio oral en el último semestre de 2017 y no se descarta que la defensa de la expresidenta, en uso de las garantías del debido proceso, apele todas las instancias judiciales.
A raíz de un informe de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, en el que detallaron la existencia de una matriz de corrupción para enriquecer al empresario Lázaro Báez con fondos públicos, el juez federal Julián Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita y istración fraudulenta agravada, y le trabó un embargo por $ 10.000 millones.
El artículo 210 del Código Penal prevé para los jefes u organizadores de la asociación ilícita una pena de entre cinco a 10 años de prisión efectiva. Sin embargo, distintos juristas consultados por tn-ar.noticiasalagoanas.com aseguraron que tras una eventual condena, la expresidenta debería cumplir un plazo considerablemente menor, dado que no tiene antecedentes penales.
Junto con Cristina, fueron procesados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas detenido en el episodio del convento, José López; el extitular de Vialidad Nacional, Néstor Periotti; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo de Néstor, Carlos Santiago Kirchner; y el titular de Austral Construcciones, Lázaro Báez.
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Dólar futuro
En mayo de 2016, Claudio Bonadio procesó a Cristina por istración infiel en perjuicio de la istración pública y ordenó la inhibición general de bienes de la exmandataria, incluso la sucesión del expresidente Néstor Kirchner.
En los últimos días, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina y apoderado de Florencia y Máximo Kirchner, presentó un pedido para el levantamiento del embargo. La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, rechazaron ese pedido.
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Además de la expresidenta, también fueron procesados el exministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof; el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; y otros 12 exfuncionarios. Con todos los imputados, la causa se encamina hacia el juicio oral y público.
Sin embargo, según los juristas consultados, aunque reciba una de las condenas más severas, las posibilidades de ir presa por esta investigación son nulas.
La ruta del dinero K
Después de que el valijero Leonardo Fariña la mencionara en la ampliación de su indagatoria, el fiscal Guillermo Marijuan la imputó por la causa de lavado de dinero que se conoce como la ruta del dinero K.
La investigación se centra en los fondos millonarios que manejó el Grupo Austral en la obra pública, los 150 inmuebles valuados en US$ 140 millones que compró el empresario K en 12 años, y una gran cantidad de propiedades en distintas provincias. También se investigan los giros millonarios a través de un conjunto de financieras, entre ellas SGI de Puerto Madero, más conocida como "La Rosadita".
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Hotesur
En esta causa, Ercolini y Pollicita investigan el presunto retorno (coimas) de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez a la familia Kirchner mediante el alquiler de propiedades en distintas ciudades del país. También se analizan contratos con Aerolíneas Argentinas y empresas de ambos empresarios, cuyos últimos beneficiarios fueron los Kirchner.
Si bien Cristina aún no fue citada a declarar, Ercolini inhibió los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y congeló su participación en empresas que habían heredado.
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En julio de 2016, el magistrado había embargado las cuentas y las cajas de seguridad de la hija menor de los Kirchner por un total de casi US$6,5 millones, monto que superaba ampliamente los números de sus declaraciones juradas. Se sospecha que esos bienes pertenecen en realidad a la expresidenta.
Los Sauces
A cargo de Bonadio, en esta causa se investiga a la expresidenta y su entorno familiar por falsificación de documentos públicos, enriquecimiento ilícito y presunto cobro de coimas. En las últimas semanas, el juez dispuso la intervención de la empresa inmobiliaria, desplazó a la sobrina de la expresidenta, Romina Mercado, y designó al contador Francisco Branda como interventor-a de la inmobiliaria.
La causa había empezado luego de una denuncia de Margarita Stolbizer y la principal irregularidad es que no se condicen los ingresos con las extracciones de dinero. "Lo que se intenta hacer es disimular el origen ilegal del dinero", destacó la diputada nacional y ahora aliada de Sergio Massa.
En estos dos últimos casos, Hotesur y Los Sauces, las únicas chances de una condena contra la expresidenta podrían darse si tiene lugar la unificación de causas que en su momento pidieron las denunciantes, Elisa Carrió y Stolbizer.
Irregularidades en los viáticos
A raíz de una denuncia de la Secretaría General de la Presidencia por facturas apócrifas presentadas durante el último semestre de 2015, la Justicia investiga también el pago de sobreprecios en los viajes oficiales que la expresidenta hizo entre 2013 y 2015.
Tal como reveló tn-ar.noticiasalagoanas.com, la defraudación confirmada contra el Estado argentino es de US$ 1,2 millones pero se estima que la cifra podría llega a los US$ 7 millones.
En el marco de esta causa que salpica a Cristina, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le tomó declaración al exdirector de Ceremonial de Presidencia e hijo del extitular de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo, Nelson Alberto Periotti. También están imputados el exsecretario de Presidencia, Eduardo "Wado" de Pedro; el subdirector general de Ceremonial de Presidencia, Gustavo Oscar Navarro; y el exjefe de la Casa Militar, Agustín Marcelo Rodríguez.
La expresidenta ni siquiera está imputada en esta causa por lo que no es probable que vaya presa por este expediente.
Apertura de la denuncia de Nisman
La Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, decidió abrir la denuncia que Alberto Nisman había hecho el 14 de enero de 2015. En las últimas horas, esa causa recayó en el juez federal Ariel Lijo. Si bien el peligro de ser condenada por encubrimiento no es inminente, los eventuales alcances de una sentencia contra Cristina serían devastadores.
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Cuatro días antes de morir, con un disparo en la nuca en el baño de su departamento en Le Parc, Nisman había denunciado a la expresidenta, al excanciller Héctor Timerman; al exdiputado Andrés "Cuervo" Larroque, al titular de Quebracho, Fernando Esteche; al titular de MILES, Luis D'Elia y a los excolaboradores de la SIDE, Allan Bogado y Luis Yrimia; por encubrimiento a Irán a través de la firma del memorando de entendimiento.
El juez Daniel Rafecas, que tuvo la causa en primera instancia, había desestimado la denuncia en tiempo récord, pese a tener una enorme cantidad de medidas de prueba, entre ellas cientos de horas de escuchas telefónicas. Luego de dos años de un derrotero errante y gracias a la presión de fiscales, abogados y personalidades de la Justicia, la causa está nuevamente en vigor.
Si bien esta causa está en su primeras fases, el fiscal ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, recordó que podrían acelerarse los tiempos si Lijo le "gira" la causa a Bonadio, que instruye en otro expediente por traición a la Patria, en el que el excanciller Héctor Timerman está imputado.
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